Comparecerán titulares de la SSPC, CNDH y Conapesca ante el Senado

El Pleno del Senado de la República aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se precisa que el próximo 19 de octubre comparecerá la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, con motivo del análisis del IV Informe de Gobierno del Ejecutivo federal.

Pleno de la Cámara de Senadores, con el acompañamiento de los integrantes del Gabinete de Seguridad, pero para el análisis del IV Informe sólo tomará la palabra la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Además, se deja a salvo la posibilidad de que cada miembro del Gabinete de Seguridad pueda comparecer en lo individual en un momento posterior, si así lo acordaran los integrantes de este órgano de gobierno.

La Asamblea aprobó otro acuerdo por el que se modifica la integración de Comisiones. De esta manera, el senador José Narro Céspedes, de Morena, se da de alta como secretario de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda; y la senadora Rosa Elena Jiménez Arteaga, de la misma bancada, como integrante de la Comisión de Salud.

Además, el senador Daniel Gutiérrez Castorena, de Morena, se da de alta como integrante de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda; y el senador Alejandro González Yáñez, del PT, como integrante de la Comisión Medalla Belisario Domínguez.

También de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que preside la senadora Kenia López Rabadán, aprobó un acuerdo para citar a comparecer, ante el Pleno del Senado, a la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra.

El acuerdo aprobado con siete votos en favor, cuatro en contra y una abstención, establece que la Mesa Directiva del Senado será el órgano encargado de definir el formato, la fecha y la hora de la comparecencia.

Asimismo, las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos aprobaron tres dictámenes derivados de minutas que les fueron turnadas para su análisis; así como dos más correspondientes a proposiciones con puntos de acuerdo.

Entre ellos, destaca el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, con el objetivo de hacer una integración de los principios de igualdad, progresividad y universalidad, al actualizar su contenido y adicionar términos que permiten una protección más amplia de acuerdo al principio por persona.

En cuanto a los puntos de acuerdo, sobresale la aprobación de una propuesta por la que se exhortar a las 32 entidades federativas a que fortalezcan el respeto y garantía de los derechos humanos de las personas migrantes que se encuentran en tránsito en nuestro país.

Además, piden a las administraciones estatales que se implementen, en el ámbito de su competencia, mecanismos que resguarden la integridad física, la vida y la seguridad de las personas migrantes. Asimismo, aprobaron un acuerdo por el que se designa a la senadora Nestora Salgado García, de Morena, para formar parte del Consejo de Premiación que otorga el Premio Nacional de Derechos Humanos 2022. El Pleno del Senado deberá aprobar esta designación.

Y el tinvitar al titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Octavio Almada Palafox, a una reunión de trabajo con la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

De acuerdo con el resolutivo, que se aprobó sin discusión, en este encuentro se abordarán las condiciones del sector, las políticas de combate a la corrupción al interior del organismo y las medidas que desarrolla para evitar extorsiones contra los productores pesqueros de todo el país, así las restricciones comerciales impuestas por gobiernos extranjeros.

Además, el Pleno exhortó a los titulares de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, y de la Secretaría de la Función Pública, para que informen sobre las acciones realizadas para atender el caso de extorsión en contra de productores pesqueros, el pasado 31 de marzo de 2022 en el Puerto de Mazatlán Sinaloa.

Las y los senadores destacaron que diversos centros de investigación, como el Instituto Mexicano para la Competitividad, y diversas organizaciones no gubernamentales han documentado que en el país la pesca no reglamentada representa 40 por ciento de la captura total y que esa cifra no disminuyó con la pandemia de Covid-19.

Ello, afecta a las pescaderías que cumplen todos los requisitos legales impuestos por la autoridad; y pone en riesgo la biodiversidad de nuestro país.

“Esta situación nos pone a merced de otros Estados que exigen al nuestro cumplir con tratados internacionales que hemos suscrito en materia de protección ambiental y, al ser omisos, se nos imponen embargos que afectan severamente la economía nacional”, se destaca en el documento.