Comete Procuraduría Agraria exceso de ejecución y cede a presiones para despojar a ejidatarios de Huehuetoca.

HUEHUETOCA, EDOMEX, 31 DE MARZO DE 2026.- El Tribunal Unitario Agrario Distrito 10 de la Representación de la Procuraduría Agraria en el Estado de México, incurrió en un grave exceso de ejecución en perjuicio de cientos de ejidatarios del municipio de Huehuetoca, al ordenar la ejecución de un deslinde y supuesta entrega de 65.7 hectáreas, a una teórica representación de la Sociedad Mercantil Santander, la cual no pudo comprobar en ese lugar su identidad legal para proceder con esta diligencia.

Con una orden telefónica por parte de magistrada Ana Lili Olvera Pérez, del Distrito 10 de dicho Tribunal Agrario, el actuario Juan Bernardo Ezequiel y el perito tercero en discordia Venancio Francisco Aguirre, procedieron a la ejecución después incluso de escuchar el reclamo y desaprobación del representante legal del ejido Huehuetoca, Felipe Cruz Rodríguez, del Comisariado Ejidal y de la Comisión de Ejidatarios, todos ellos con representación legal presentada, las cuales no fueron recibidas por parte del actuario.

Pese a que el enviado de la Sociedad Mercantil Santander no acreditó oficialmente su representatividad legal, lo que debió haber anulado la ejecución, y bajo el ilegal argumento de que su supuesta representatividad “constaba en libros”, el actuario acató la orden de la magistrada Olvera Pérez de ejecutar la acción de deslinde.

Debido a lo anterior, el abogado Cruz, el Comisariado Ejidal y la Comisión de ejidatarios, conformada por seis de ellos, firmaron el acta levantada bajo protesta, ya que “ésta como tal no es legal”.

“No se cumplieron las formalidades necesarias, la magistrada Olvera Pérez ordenó desde el Tribunal al actuario, quien no ejerció autonomía alguna para resolver por su cuenta, por lo que fue manejado al antojo y a larga distancia por la primera, y únicamente acató una orden de ejecutar a como diera lugar”, acusaron los ejidatarios.

Por lo anterior, los ejidatarios y su representación legal tomaron la decisión de seguir con los medios de impugnación correspondientes para “echar abajo” esta supuesta ejecución, y destacaron que nunca tuvieron la intención de bloquear la actividad del actuario y del perito, ni de oponerse por la fuerza a dicho acto ilegal, a pesar de que en el sitio estaban presentes más de 300 personas de las familias de los ejidatarios de Huehuetoca: “Nos comportamos de la manera más correcta y fuimos respetuosos en todo momento”.

Asimismo, informaron que, al realizar el recorrido del territorio en la ejecución ordenada, el actuario Ezequiel y el perito Aguirre pretendieron comprobar las medidas del territorio, con base únicamente en los “documentos” apócrifos que dicha sociedad siempre ha querido presentar como válidos.

Sin embargo, “incluso pudieron comprobar que sus mediciones no coinciden ni con los documentos falsos que presentan”, ya que trazaron una línea recta de 1,700 metros en la parte ancha del terreno, es decir pretenden “tomarse el doble del terreno” que incluso su escritura establece.

Los ejidatarios explicaron que el deliberado error del actuario, así como del perito, fue que en lugar de tomar la llamada mojonera siete con punto de referencia, mismo que se establece en el plano original certificado entregado por el gobierno en su decreto, lo hicieron desde la número tres, lo que evidencia el abuso de autoridad que buscan cometer con la anuencia de la magistrada Ana Lili Olvera Pérez.

Por ello, explicaron, su medición es “incorrecta y tramposa”, ya que están invadiendo tierras entregadas por el gobierno al ejido Huehuetoca, cuyos documentos obran en poder de los ejidatarios mexiquenses.

“A partir de esta medición que hicieron, las líneas se torcieron, lo que demuestra el error y el dolo del Tribunal, de la magistrada Olvera Pérez y del Archivo General Agrario, los cuales autorizaron trabajos de escritorio como válidos y no aceptaron documentos básicos del ejido, al estar conscientes de que de hacerlo no tienen manera de ganar”.

Comentaron que incluso durante la diligencia se intentó entregar la documentación legal que tienen los ejidatarios, quienes la han guardado celosamente por décadas, misma que fue nuevamente rechazada, en un acto violatorio de un fundamento básico del derecho que es el principio de adquisición procesal.

Las autoridades agrarias, representadas por la magistrada Ana Lili Olvera, no han aceptado documentación como carpeta básica, plano definitivo, carteras de campo de la Reforma Agraria, diario oficial,  actas de deslindes, firmas de colindantes, levantamiento de coordinadas e incluso un Decreto Presidencial, así como información diversa que comprueba la dotación y ampliaciones de su ejido, e incluso un  documento de deslinde en el que el antiguo dueño de los terrenos, Jacobo Pérez Barroso, padre de los hoy demandantes, cede dicho terreno a los ejidatarios al no poder comprobar su legal propiedad.

La magistrada Olvera Pérez, aseguraron, ha incumplido claramente con su palabra comprometida en julio del 2025, de que decidiría o no, la ejecución después de estudiar toda la documentación del Archivo General Agrario, lo que nunca ha sucedido.

Esta negativa, añadieron, evidencia una clara intención de la Procuraduría Agraria del Estado de México de beneficiar “abiertamente y a toda costa” a la familia Pérez Lizaur, propietaria de Sociedad Mercantil Santander, lo que podría convertirse en un grave acto de corrupción en la representación de la PA del Estado de México al ceder a la ambición de Santander.

Finalmente, los ejidatarios y su presentante legal, aseguraron que existen elementos legales para impugnar y anular el acta levantada en el terreno de ejido Huehuetoca.

Todos estos hechos, concluyeron los ejidatarios, demuestran que las leyes en México, a pesar de que se diga lo contrario, en la práctica se aplican en favor de “quienes tienen poder económico, social o político, “las leyes en México solamente sirven al rico y nunca al pobre, aunque a los primeros no les asista la verdad como en este caso”.