Comedores Sociales en la CDMX garantizan acceso alimentación adecuada a grupos vulnerables

Como derecho de los habitantes de la Ciudad de México a tener una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, suficiente y de calidad, con alimentos saludables y accesibles, culturalmente aceptables y que los protejan contra el hambre, la mal nutrición y la desnutrición, diputadas y diputados del Congreso capitalino presentaron un dictamen para reformar la Ley de Comedores Sociales de la CDMX, que garantizará el acceso a una alimentación adecuada a grupos vulnerables y de atención prioritaria.

Así lo dio a conocer la diputada Marisela Zúñiga Cerón (MORENA), presidenta de la Comisión de Inclusión, Bienestar y Exigibilidad de Derechos Sociales, en la sesión virtual desarrollada este lunes.

La legisladora señaló que los comedores sociales han duplicado sus recursos en el último año y recordó: “Ahora les dotamos de un marco jurídico robusto que permita seguir siendo punta de lanza en la promoción de la seguridad alimentaria en nuestra ciudad”.

Recordó que conforme a la Constitución Política de la CDMX, los comedores populares estarán dirigidos a grupos de atención prioritaria y a toda persona que encuentre limitado su derecho humano a la alimentación.

Dijo que se dispone que sea de manera periódica que la Secretaria de Inclusión y Bienestar Social de la CDMX (Sibiso) en coordinación con la Secretaria de Salud capitalina, realicen la supervisión en la calidad de los alimentos que se distribuyen en los comedores sociales. Asimismo, el reglamento y las reglas de operación establecerán las medidas de higiene necesarias que se deben de cumplir en los comedores.

Además –resaltó-- se establece la obligación de los Comités de Administración y Grupos Solidarios que informen periódicamente sobre el destino de los recursos otorgados.

Por otro lado, la diputada Marisela Zúñiga dijo que la autoridad responsable, promoverá en el ámbito de su competencia la celebración de convenios con autoridades educativas para el establecimiento de comedores públicos en instituciones educativas, ubicadas en zonas con alto nivel de marginación.

Por último, enfatizó que en los artículos transitorios se establece la obligación de expedir al respecto, un reglamento en máximo 90 días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el cual será turnado a la Mesa Directiva para su aprobación.

El dictamen fue aprobado por las y los integrantes de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, después de incluir las reservas presentadas por la diputada Martha Ávila Ventura (MORENA) para su modificación.