Colapsa la justicia en CDMX

POR: RICARDO RAPHAEL No soportaron más la tensión laboral que llevan viviendo durante demasiados meses. Personal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México tomó el lunes las oficinas de los juzgados ubicados fuera del Reclusorio Norte. También se manifestaron en las instalaciones de Niños Héroes, Patriotismo y Avenida Juárez. Personal administrativo, secretarias de acuerdos, actuarios y muchas otras personas trabajadoras del Poder Judicial de la CdMx exponen sus reclamos, entre los que destacan la exigencia de un salario digno, la contratación de más personal y el pago retroactivo de salarios, entre otras demandas. Si bien esta crisis tiene su origen en las dificultades impuestas por la pandemia de coronavirus, también —señalan las personas afectadas— se debe a una pésima gestión de la cabeza del Poder Judicial capitalino, el magistrado Rafael Guerra Álvarez. El principio de la justicia expedita ha sido anulado por la vía de los hechos. El rezago de los asuntos sepulta con toneladas de papel los escritorios de los juzgadores. Las causas son varias, entre ellas están la extinción de juzgados cuyos asuntos se han concentrado en menos oficinas, sin que éstas cuenten con personal suficiente para atender los asuntos. A los 2 mil expedientes que cada juez debe atender anualmente ahora se añade otro tanto que proviene de las instancias extintas. Además, está la demora en el nombramiento de un número importante de juzgadores cuya vacancia ha obligado a que la responsabilidad recaiga en las secretarías de acuerdos, sin que las personas que han sido forzadas a desempeñar ambas funciones (juez y secretario) hayan merecido la correspondiente compensación. Luego está el retraso injustificado en el pago de salarios y horas extras que llevan acumulándose durante más de 10 meses. En resumen, la protesta es por la sobrecarga y también porque las y los empleados del PJCDMX dicen sentirse abandonados tanto por el tribunal como por el Consejo de la Judicatura, ambos de la capital. Zoom: la pésima gestión administrativa lleva a un funcionamiento desastroso de la justicia capitalina, la cual se encarga de atender, en promedio, seis de cada 10 asuntos relevantes del país.