Ciudades no necesitan más rutas, sino responder a cómo se mueve la gente

Si las redes de transporte público no responden a la forma como se desplazan las personas, ni prevén un modelo financiero capaz de sostenerlas, las ciudades ofrecerán un servicio deficiente, sin importar que incorporen más autobuses y tecnología, estableció Carlos Cristóbal Pinto, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid y especialista en planificación urbana y regional, como una conclusión del Programa Ejecutivo “Fundamentos del Transporte Público para Autoridades”.

Agregó que muchas ciudades han construido sus sistemas mediante sucesivas extensiones de rutas para atender diversas necesidades, lo que desemboca en redes difíciles de comprender y con laberínticas superposiciones.

Durante el desarrollo de las tercera y cuarta sesiones virtuales del programa organizado por la Unión Internacional de Transporte Público (UITP) y la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, el especialista señaló que antes de dibujar rutas es necesario conocer qué viajes existen, dónde comienzan y terminan, qué actividades los generan y cómo se relacionan con los usos del suelo.

Ante ello, los especialistas, autoridades y operadores asistentes coincidieron en que una secuencia básica para transformar los sistemas de transporte, debe primero entender cómo se mueve la población; después diseñar la red que necesita la ciudad y, finalmente, garantizar las condiciones económicas e institucionales para mantenerla.

Más adelante, la discusión se movió hacia el terreno de la operación, ya que Mario Leonardo Nieto, director adjunto de Operación de Grupo CISA, explicó que la viabilidad de una empresa formal de transporte depende de factores como combustible o energía, conductores, mantenimiento, administración, financiamiento, impuestos y renovación de flota.

Ante ello, planteó que cada riesgo debe asignarse a la parte que tenga mayor capacidad para gestionarlo, porque temas como los energéticos, salarios, tasas de interés, tipo de cambio, demanda o costo de los vehículos pueden modificar las condiciones previstas durante la vida de un contrato.

En consecuencia, explicó que tarifa al usuario, tarifa técnica, subsidios y otras fuentes de ingreso deben formar parte de una misma ecuación, pues cuando el costo real de prestar el servicio supera lo que paga directamente el pasajero, la diferencia requiere otra fuente de recursos claramente identificada y sostenible.

Desde la perspectiva institucional, Rafael Hernández Kotasek, director general del Instituto de Movilidad de Quintana Roo, planteó que los procesos de transformación deben construirse simultáneamente desde las dimensiones legal, institucional y financiera, con claridad sobre quién regula, planea, supervisa y toma decisiones y cómo se cubrirán los costos de operación.

Sostuvo que frecuencia, regularidad, accesibilidad, confiabilidad y seguridad forman parte de la calidad del servicio y tienen consecuencias económicas, y destacó que un servicio programado con determinados intervalos genera una experiencia adversa cuando los vehículos no mantienen esa regularidad.

Para las autoridades, dijo, esto implica contar con información suficiente que les ayuden a tomar decisiones sobre cobertura, demanda, frecuencias y flota, por lo que es necesario llevar a cabo encuestas origen-destino, conteos de pasajeros, sistemas de recaudo y datos territoriales, que permitan identificar dónde aumentar el servicio o modificar una ruta.

Las cuatro sesiones realizadas hasta el momento permiten establecer una conclusión: transformar el transporte público no significa simplemente comprar autobuses o agregar rutas, significa entender las necesidades de movilidad de la ciudad, diseñar una red acorde con ellas y construir las condiciones para que pueda operar con calidad y continuidad.

El Programa Ejecutivo continuará con la sesión “De sistemas fragmentados a Sistemas Integrados de Transporte”, dedicada a las condiciones institucionales, regulatorias y empresariales necesarias para avanzar hacia sistemas más estructurados e integrados.