Cerrar espacios opacidad y fortalecerla rendición de cuentas en la CDMX

Con el objetivo de transformar de fondo el modelo de transparencia en la capital del país, el Diputado Ricardo Rubio Torres presentó una iniciativa para reformar la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

La propuesta plantea un cambio estructural: pasar de un sistema reactivo —en el que la información se entrega sólo si la ciudadanía la solicita— a un modelo de transparencia proactiva, donde las autoridades estén obligadas a publicar información de manera anticipada, completa y accesible.

“La transparencia no puede depender de solicitudes, debe ser una obligación activa del Estado”, afirmó el legislador.

Actualmente, aunque el derecho de acceso a la información está reconocido en la ley, persisten deficiencias que limitan su efectividad. La falta de información clara, completa y oportuna ha generado un entorno de opacidad en áreas clave del gasto público.

De acuerdo con datos oficiales, el 65% de la ciudadanía percibe la corrupción como un problema frecuente y sólo el 36% confía en que las autoridades actúan con transparencia.

En este contexto, la iniciativa responde a una exigencia social: garantizar que el uso de los recursos públicos pueda ser vigilado de manera efectiva.

La reforma pone especial énfasis en los sectores con mayor riesgo de corrupción: contratación pública obra pública, programas sociales, padrones de beneficiarios

Se establece la obligación de publicar información completa sobre: contratos y convenios adjudicaciones directas y licitaciones montos ejercidos modificaciones contractuales avances físicos y financieros criterios de asignación de apoyos

Además, la información deberá actualizarse de manera inmediata, no cada tres meses, como ocurre actualmente.

“La opacidad en contratos y programas sociales abre la puerta a la discrecionalidad y la corrupción”, advirtió.

La iniciativa también obliga a que toda la información pública se encuentre en formatos abiertos, accesibles y reutilizables, con herramientas que permitan su consulta, descarga y análisis por parte de la ciudadanía, medios de comunicación y especialistas.

Asimismo, se establece la creación de apartados específicos de transparencia proactiva en los portales institucionales, donde se concentre la información más relevante sin necesidad de solicitud previa.

Otro de los ejes centrales de la propuesta es el fortalecimiento del órgano garante de transparencia, al que se le otorgan mayores facultades para: emitir criterios técnicos obligatorios supervisar el cumplimiento de la ley ordenar medidas correctivas hacer públicas las irregularidades dar vista a órganos de control y auditoría

Además, se establece que no podrá invocarse el “secreto fiduciario” u otras figuras para ocultar información relacionada con el uso de recursos públicos.

La iniciativa reconoce que la opacidad no es neutra, sino que afecta de manera diferenciada a distintos sectores de la población, particularmente a mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad.

La falta de información en programas sociales, infraestructura y servicios públicos limita la evaluación de políticas públicas y puede profundizar desigualdades.

“Sin información clara, no hay control ciudadano ni democracia efectiva”, subrayó el Diputado.

La reforma se alinea con estándares internacionales en materia de transparencia, derechos humanos y combate a la corrupción, y busca cerrar vacíos legales que permiten prácticas discrecionales.

A través de la publicación obligatoria y completa del ciclo del gasto público, se fortalece la trazabilidad de los recursos y se inhiben conductas indebidas.

“Esta reforma cierra espacios a la opacidad y fortalece la rendición de cuentas en la Ciudad de México”, afirmó.

Con esta iniciativa, se busca consolidar un modelo de gobierno abierto, donde la información pública sea verdaderamente accesible y útil para la ciudadanía.

El objetivo es claro: que cada peso del dinero público pueda ser supervisado, evaluado y cuestionado.