Centros de justicia para mujeres, quedarán a cargo de los estados

Siete años duró el proceso legislativo de la ley en vigor, producto de la iniciativa que propuso la entonces diputada federal zacatecana y hoy Senadora de la República del PRI, Claudia Anaya.

En la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación del 8 de mayo, se publicó Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de Centros de Justicia para las Mujeres para que estén a cargo de los estados y además, sean espacios interinstitucionales de atención a la violencia de género.

La iniciativa que presentó en 2016 la entonces Diputada Federal Claudia Edith Anaya Mota, reforma la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, establece que con la participación de los estados, la Federación y de la Secretaría de Gobernación, dichos Centros protejan a las víctimas y a sus hijos frente a sus agresores, promuevan y garanticen el acceso a la justicia de todas las personas, incluyendo a aquellas mujeres que viven con algún tipo de discapacidad, donde la autoridad deberá establecer ajustes razonables y formatos accesibles que le permitan protegerse y hacer valer sus derechos.

Entre los aspectos relevantes, la nueva normatividad resalta que, para su funcionamiento, los centros deben ser certificados por la Secretaría de Gobernación y luego, ser evaluados periódicamente.

Lo anterior con la finalidad de fortalecerlos, para mejorar los servicios que ofrecen, además; se considera levantar un registro de los tipos de violencia que viven las víctimas, el perfil sociodemográfico, el tipo de lesión, la relación con el agresor, la incidencia o reincidencia.

También se contempla tomar en cuenta el estatus judicial y la reparación del daño, para tener un panorama claro de este fenómeno nacional y poder diseñar políticas públicas eficaces que permitan su atención y prevención.

La propuesta legislativa de la Senadora Claudia Edith Anaya, propone que dichos centros sean considerados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública como Eje Estratégico del Plan de Seguridad y en relación a su financiamiento, su origen será esencialmente recurso público, pero también se prevé que puedan recibir donaciones de entes privados.

Esta legislación, considerada de avanzada, también establece los requisitos que deben cumplir quienes se encuentren al frente del Centro, entre los que destacan: contar con título y cédula profesional, conocimiento comprobable en materia de los derechos humanos de las mujeres y sobre todo, experiencia en la atención a víctimas de violencia.

Cabe resaltar que luego de siete años de proceso legislativo y del seguimiento que le brindó la legisladora zacatecana en la Cámara de Diputados y que nuevamente defendió en el Senado de la República el 11 de noviembre de 2021 y pese a los intentos recientes de MORENA y sus aliados por quitar presupuesto en esta materia a los estados, fue aprobada en ambas Cámaras y el día de hoy, entra en vigor.