CDHCM solicita incremento presupuestal 10 por ciento

En mesa de trabajo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, solicitó un incremento superior al 10 por ciento en los recursos económicos proyectados para 2023 -estimados en 498.1 millones de pesos[1]ya que se requiere un presupuesto anual de 571.74 millones de pesos.

La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (MORENA) precisó que esta reunión forma parte del proceso de análisis y aprobación del Paquete Económico de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2023, como un acto republicano de rendición de cuentas que permite informar cómo se han erogado los recursos públicos y cuáles son los programas prioritarios para el siguiente año.

El diputado Royfid Torres González (Asociación Parlamentaria Ciudadana) inició la ronda de cuestionamientos priorizando el tema de las poblaciones callejeras, y señaló, que continúan las quejas por parte de los usuarios de los albergues sobre el trato y condiciones de los mismos.

En ese sentido, denunció que las madres en situación de calle a las que se les retiran a sus hijos, difícilmente pueden recuperarlos, debido a los requisitos solicitados, a la ausencia de condiciones para su reintegración laboral y social, aunado a las carpetas de investigación que se les abren ante el Ministerio Público, por la falta de cuidado a los infantes.

La diputada Xóchitl Bravo Espinosa (Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas) interrogó cómo se proyecta que sea la tendencia para el siguiente año en el número de servicios de defensa y garantía; de los 50 mil servicios ofrecidos en el año 2022, solicitó conocer cuántos de estos son quejas, cómo se distribuyen entre las visitadurías, si existen diferencias entre las visitadurías en términos de las quejas recibidas y cuáles son las áreas de oportunidad en atención de las quejas; además reconoció el acompañamiento in situ a 150 protestas y cuestionó si estas actividades están contempladas en el presupuesto del paquete económico 2023.

Afirmó que las mujeres privadas de la libertad merecen vivir una vida libre de violencia, y solicitó mayor información en relación con el incremento de personas que han tomado los cursos impartidos de 2020 hasta la actualidad.

A nombre de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, el congresista José Marín Padilla Sánchez, se refirió al incremento presupuestal solicitado y preguntó a qué áreas se destinarán los poco más de 46 millones de pesos requeridos, y en caso de no autorizarse qué afectaciones habría para las acciones sustantivas de la Comisión, al área de quejas, visitadurías y oficinas que se tienen en las alcaldías.

Asimismo, apuntó conocer qué acciones se emprendieron en el Centro de Atención e Integración Social San Bernabé para garantizar los derechos de las personas menores, a principios de 2022.

El diputado Jorge Gaviño Ambriz (PRD) indicó que se deben presentar detalles sobre la utilización del diez por ciento adicional de presupuesto solicitado para el ejercicio 2023, así como respecto a los siete millones 932 mil pesos incrementados en el gasto ejercido por el capítulo 5000.

Además, requirió información sobre las estrategias para garantizar el acceso gratuito a agua potable en oficinas gubernamentales y restaurantes, y el avance de las oficinas que se están instalando en las 16 alcaldías.

Del mismo partido, el congresista Víctor Hugo Lobo Román reconoció el buen funcionamiento y administración de la dependencia; asimismo solicitó precisar los datos sobre las personas atendidas a las que se les han garantizado sus derechos a través de los servicios brindados, y requirió información sobre la contribución de los juzgados de tutela de los derechos humanos en el seguimiento a las quejas y emisión de sanciones.

Al considerar que sin recursos es muy difícil consolidar las políticas a favor de los derechos humanos, la diputada Mónica Fernández César (PRI) realizó varios cuestionamientos, entre ellos, cuánto presupuesto del 2022 existe disponible todavía, si habrá subejercicio en el gasto, a cuántas organizaciones se les está apoyando, qué acciones se han generado para atender a personas migrantes y si se planean acciones con perspectiva de género para atender a mujeres privadas de su libertad.

Asimismo, preguntó cuántos recursos se tienen contemplados para la reparación de daño a víctimas y para apoyar a personas cuyos derechos humanos han sido vulnerados.

Por el PAN, el diputado Luis Alberto Chávez García centró su participación en el caso de las mujeres jóvenes que fallecieron al caer en una coladera que estaba destapada en la alcaldía Iztacalco, al respecto preguntó si la CDHCM ya está interviniendo, y si ya se emitió alguna recomendación.

En tanto, la legisladora Ana Jocelyn Villagrán Villasana, se pronunció a favor de otorgar mayor presupuesto a los organismos autónomos, en caso particular de la CDHCM aseveró que no está de acuerdo en que aquí se tengan medidas de austeridad “porque los derechos humanos no tienen precio”.

La diputada Marisela Zúñiga Cerón (MORENA) resaltó los cambios en el funcionamiento de la CDHCM durante los últimos cuatro años, a partir de la entrada en vigor de la Constitución local en 2018 y de la Ley Orgánica de ésta en 2019, que provocaron la puesta en funcionamiento de 16 delegaciones en igual número de alcaldías, que han permitido acercar los servicios a la población e incrementar los servicios prestados.

Por su parte, el diputado Temístocles Villanueva Ramos (MORENA) precisó que la CDHCM no puede responder temas del ámbito federal, y que el trabajo realizado desde esta instancia ha sido amplio, especializado, profesional y efectivo. Resaltó la implementación del enfoque restaurativo en esta comisión en los últimos años, que ahora

se plantea transversalizar y llevar no sólo a las áreas de garantía y defensa, sino también a las de promoción y educación.

La titular de la CDHCM requiere incremento presupuestal que permita robustecer el enfoque restaurativo de los derechos humanos, así como la defensa, promoción y programas de educación

En su intervención inicial, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, dio cuenta de las medidas y acciones realizadas por este organismo en lo que va del 2022, las líneas estratégicas y el presupuesto que necesitan para atender los requerimientos del próximo año.

Detalló que están solicitando un incremento del 10 por ciento, ya que lo proyectado para la CDHCM es de 498.1 millones de pesos, y se requiere un presupuesto real de 571.74 millones de pesos, si se toman los valores inflacionarios en comparación con el presupuesto de 2017.

Agregó que la comisión no ha recibido mayores aumento presupuestales, por lo que “estamos hablando básicamente de contemplar entre otros, el incremento salarial a los compañeros de la comisión, el cual no hemos podido realizar en los últimos años y el fortalecer nuestras alcaldías”.

Indicó que estos recursos también se destinarían a robustecer el enfoque restaurativo al trabajo de derechos humanos y a la defensa, promoción y programas de educación, aunado a impulsar la transformación del sistema no jurisdiccional, a reforzar el liderazgo desarrollado en este sistema, a implementar herramientas y metodologías para la justicia restaurativa y mediación del sistema no jurisdiccional, así como a fortalecer la instauración institucional del modelo de gestión, defensa, garantía y promoción, y a continuar la accesibilidad y la disciplina administrativa y financiera.

En su respuesta a las personas legisladoras, Ramírez Hernández aclaró que, aunque se necesitan más recursos, siempre se ha solicitado el “mínimo necesario”, para trabajar ante la inflación, incremento en insumos y el aumento de salarios, al tiempo de incrementar el personal en alcaldías.

Informó que se ha tenido un abatimiento del 95 por ciento del rezago en quejas; y que, en lo referente a personas en situación de calle, se han atendido a 328 y en breve saldrá un informe; en cuanto a personas privadas de libertad, también existen incrementos en las quejas, referentes al debido proceso, abusos policiacos, seguridad y certeza jurídica, pero también por falta de agua.

Señaló que el servicio de atención de quejas sigue incrementándose, y que este año llegó a dos mil 102; y que el 32 por ciento de las violaciones de los derechos humanos en las alcaldías, han sido por seguridad jurídica y en menores porcentajes por derechos de petición, seguridad jurídica, debido proceso, acceso a la justicia y derecho a la

propiedad, entre otros.

En cuanto a quejas de alcantarillas, se abrió reclamo desde el 16 de noviembre por oficio, y ya se agregaron e hicieron solicitudes de petición del caso. Señaló que existen mil 800 personas contagiadas de viruela símica, que tiene que ver con el orden federal.

Dijo que la experiencia en la ciudad sobre atención a niñas, niños y adolescentes, lleva a procesos de consulta incluyentes ya que su voz es “importante para tomar decisiones”, de acuerdo a los estándares establecidos.

En su intervención final, Ramírez Hernández puntualizó que se está laborando para instaurar un paradigma transversal de pedagogía restaurativa en la comisión, el cual prioriza el cumplimiento de los derechos en el momento, por lo que llamó a las y los legisladores a colaborar en la implementación de estas innovaciones.

“La defensa de los derechos humanos no es sólo de una institución, es la defensa de todos y todas, el trabajo coordinado es lo más importante”, dijo la funcionaria.