Catálogo de Derechos Humanosya no se encuentra limitado

El principio pro persona se refiere a que en caso de que un juez o autoridad tenga que elegir qué norma aplicar a un determinado caso, deberá elegir la que más favorezca a la persona, sin importar si se trata de la Constitución, un tratado internacional o una ley.

Bajo esta lógica, el catálogo de derechos humanos ya no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano.

Uno de los objetivos de la reforma de derechos humanos de 2011 es consolidar una sociedad de derechos, el principio pro persona es crucial para poder garantizar que las personas tengan mejores herramientas para hacer valer sus derechos. Otro de los factores fundamentales para poder implementar de manera efectiva la reforma, es difundir los derechos humanos entre la población y capacitar a todas las autoridades para que conozcan sus obligaciones a partir de este nuevo paradigma.

En torno a esta gama de observaciones político-jurídico, el Magistrado civilista Élfego Bautista Pardo, abunda sobre el tema.

Destaca que con las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, vigentes desde el día siguiente, y de conformidad con lo sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el expediente varios 912/2010 (caso Radilla Pacheco), todos los juzgadores del sistema jurídico mexicano, en sus respectivas competencias, deben acatar el principio pro persona, consistente en adoptar la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate.

Por esa reforma el segundo párrafo del artículo 1° constitucional establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de acuerdo con la Constitución Federal y los tratados internacionales de la materia “favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia” —esta última frase da la definición del principio pro persona—, así como la atribución y facultad de los órganos jurisdiccionales para aplicar la ley que más favorezca a los justiciables.

Asimismo, obliga a maximizar la interpretación en aquellos escenarios en los cuales permita la efectividad de los derechos fundamentales de las personas frente al vacío legislativo que puede provocar una declaración de inconstitucionalidad de la norma.

El principio pro persona, también llamado pro homine, implica que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre, es decir, que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos, o en su caso, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer límites a su ejercicio.

Además, este principio figura en los artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 7 y el 20 de mayo de 1981, respectivamente.

De no incorporar en sus sentencias esta interpretación más favorable, los juzgadores nacionales incumplirían con los anteriores preceptos legales, al no realizar un control de convencionalidad y del principio pacta sunt servanda ("lo pactado obliga") contenido en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, al no cumplir las obligaciones estipuladas en el tratado; asimismo, conllevaría violación al artículo 1º constitucional reformado.

El operador jurídico debe ampliar su perspectiva de análisis y adoptar las reglas interpretativas que se aplican y se han ido construyendo de manera específica para los derechos fundamentales.

La aplicación del principio pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean argumentadas, cuando éstas no tienen sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivar de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes.

Por tanto, aun y cuando se debe privilegiar el derecho de acceso a la impartición de justicia, lo cierto es que no se tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que puedan emplear los gobernados.

Estimar lo contrario conduciría a que los tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales, convencionales y legales que rigen la función jurisdiccional, provocando un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función, pues no conocerían la forma de proceder de los órganos jurisdiccionales, aunado a que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.

Por ende, aunque los gobernados tienen expedito su derecho a alegar genéricamente una violación a los derechos humanos previstos en el artículo 1o. de la Constitución Federal, sin que en la especie se advierta, ex officio (en el acervo latino) la transgresión a alguna de dichas prerrogativas, debe considerarse que para determinar si se violentó en su perjuicio por ejemplo, la garantía de audiencia, deberá analizarse si estuvo en aptitud de combatir la ilegalidad de los actos a través de los medios de defensa correspondientes, para controvertir el contenido del acto que considera violatorio de derechos humanos.

El Magistrado Élfego Bautista Pardo, originario del Estado Soberano de Hidalgo, integra la Quinta Sala Civil, Tercera Ponencia, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México