Castigos severos a los funcionarios que cometan delito de peculado

La senadora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo propuso reformar el Código Penal Federal, con la finalidad de que aquellos funcionarios que hayan cometido delitos de peculado no tengan libertad preparatoria.

Indicó que su propuesta busca que el peculado no se resuelva con una solución simple, que contemple únicamente la reparación de daños, como se establece actualmente, sino que el hecho de cometer un delito de esta naturaleza implique la aplicación de castigos más severos.

Por ello, planteó que cuando este ilícito se lleve a cabo con recursos destinados a la atención de grupos vulnerables, se aplique la sanción máxima que corresponda.

La legisladora de Morena consideró que este tipo de medidas ayudarán a cambiar las formas y modos en cómo deben actuar los funcionarios al servicio de la nación.

Destacó que con esta reforma se ayudará a recuperar los recursos desviados, obligará a cumplir los castigos penales en contra de los funcionarios que afectaron la integridad de la población y se evitará que aquellos ciudadanos, que ocupen cargos de tipo honorífico, queden impunes ante actos de esta naturaleza.

La ejecución de una sentencia que obligue a cumplir tiempo en prisión y, además, resarcir el daño, servirá para dar un fuerte mensaje en contra de la corrupción y marcar un hito para esta Legislatura y esta administración en la erradicación del peculado.

Sánchez Arredondo comentó que uno de los actos que más dañan a los mexicanos tienen que ver con la malversación de fondos, el desvío de recursos y el enriquecimiento ilícito a costa del presupuesto federal.

Recordó que en gobiernos anteriores, tanto federales como estatales, los desvíos de fondos programados para atender poblaciones en situación de vulnerabilidad se convirtieron en un blanco fácil de servidores públicos.

Usaron los recursos que están destinados a resolver situaciones focalizadas y que requieren de atención especializada o programas únicos, indicó.

La senadora recordó los casos de niños con cáncer, pueblos y comunidades indígenas, mujeres víctimas de violencia, grupos de campesinos, migrantes, así como aquellos programas que maneja el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia directamente y su equivalente en las entidades federativas.