Castigo severo al reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado. Trata de niños

Es necesario reformar al artículo 25 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, para poner una pena de 15 a 30 años de prisión y de un mil a 20 mil días multa para el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes.

Ante la creciente crisis de inseguridad y los alarmantes casos de trata de personas que involucran a niñas, niños y adolescentes -incluyendo el incremento de situaciones en que menores son forzados a delinquir por grupos criminales- el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado presentó una iniciativa que endurece las penas y sanciona con mayor severidad a quienes cometan este tipo de delitos.

La senadora Alma Carolina Viggiano Austria junto con la bancada propone reformar el artículo 25 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas. El objetivo es establecer de forma expresa el delito de reclutamiento de personas menores de dieciocho años por parte de grupos armados o de la delincuencia organizada, con sanciones más severas.

La propuesta eleva la pena vigente que es de diez a veinte años de prisión, a una de quince a treinta años, e impone además de mil a veinte mil días multa. También amplía el alcance de esta conducta para sancionar a quien “utilice a una persona menor de dieciocho años, en cualquier actividad relacionada con la posible comisión de un delito”. Como agravante, se considera el uso de la fuerza, amenaza, engaño o coacción, o que la víctima esté en condición de vulnerabilidad, en cuyo caso la pena aumentará hasta en una mitad. Asimismo, se establece que “no podrá declararse la prescripción de estos delitos en perjuicio de las víctimas”.

En la exposición de motivos, la senadora Viggiano señala que el reclutamiento de menores por el crimen organizado se ha convertido en una práctica sistemática y generalizada. Enfatiza que “sucede en una gran parte del país, en territorios bien definidos, donde las víctimas comparten vulnerabilidades derivadas de sus propias carencias sociales: rezago educativo, pobreza, orfandad, abandono”.

Destaca además que estos métodos de reclutamiento forzado se han perfeccionado con el consentimiento “de la autoridad, quien les ha brindado el tiempo necesario para planificar y ejecutar cada una de las etapas de reclutamiento, utilización e incluso desaparición de víctimas”, lo que ha normalizado la práctica delictiva.

“Quien recluta personas menores de dieciocho años con la finalidad de cometer algún ilícito tiene conciencia de las tareas que se le encomendarán a la víctima, que no existe fin para la continuación del delito y que tampoco recibirán en algunos casos una retribución económica. Eso lo saben quienes reclutan niñas y niños; tienen conciencia plena, son crueles con quienes no pueden defenderse”, afirma Carolina Viggiano en la iniciativa.

La propuesta legislativa informa que “se estima que alrededor de 30,000 menores de edad están actualmente reclutados por grupos criminales en México y hasta 200 mil se encuentran en riesgo”.