Castigo a funcionarios omisos del delito pedofilia, pide Lobo Román

San Luis Potosi, Puebla, Oaxaca y la Ciudad de México, se constituyeron como entidades con “focos rojos” que advierten sobre un gran peligro social por la presencia de pedófilos, violadores y mafias de pornografia infantil, que amparados por la corrupción se mantienen impunes, denunció el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Víctor Hugo Lobo Román.

Ante esta problemática, el legislador del PRD propuso modificar el Código Penal de la CDMX para sancionar con penas más severas como la inhabilitación a los servidores públicos que sean omisos a los delitos de violación, abuso y comercio sexual contra un menor de edad.

Dijo que en estas entidades muchos delincuentes acusados de estos delitos NO han recibido ningún requerimiento ministerial ni judicial para responder por las probables faltas cometidas, e incluso en diversas ocasiones los propios servidoresc públicos inhiben o amedrentan a los familiares de las víctimas para NO presentar la denuncia.

Señaló que de acuerdo a las cifras de la Red Nacional Por los Derechos de la Infancia (REDIN) en el 2020 en todo el país, se registraron 19 mil llamadas de emergencia diarias relacionadas con violencia familiar.

La violencia sexual, aseveró, “es una realidad que ocurre a una de cada 10 mujeres adolescentes y durante la pandemia del Covid 19 ha habido un aumento de los delitos que atentan contra la vida, salud, libertad, integridad y privacidad de niñas y niños”.

Subrayó que la pedofilia, entendida como la violación, abuso y acoso sexual de una niña, niño o adolescente, es un delito que lacera en lo más profundo a la niñez, es un mal que atraviesa transversalmente diversos segmentos sociales”.

Recordó que en México el 97 por ciento de los abusos sexuales contra niños y niñas se producen en las familias; el 2 por ciento en las escuelas; y el 1 por ciento en otros ámbitos religiosos, recreativos o deportivos donde se vinculan a hombres adultos con niños o niñas.

A nivel mundial, cada año se registran más de un millón de ataques a menores de edad derivado del comercio sexual, víctimas inocentes sometidas a un riesgo que amenaza sus vidas.

En nuestro país durante el 2020 se registraron 312 denuncias por pornografía infantil, y se tiene un registro de mil menores desaparecidos.

Para nuestra Nación y para la CDMX, el crecimiento de la violencia contra menores de edad, y en particular el crecimiento de la violencia sexual, lo sitúan con el nada honroso segundo lugar como país de turismo sexual.

Ante ello, consideró que el Congreso de la Ciudad tiene la obligacion moral y la reponsabilidad social de trabajar para mjorar las reglas de convivencia logrando una urbe de avanzada en materia legislativa.

El también cooordinador de la fracción parlamentaria del PRD propuso agregar un párrafo al artículo 181 del Código Penal para la CDMX, con el próposito de sancionar con mayor rigor a los servidores públicos que en el uso de sus facultades encubran o retrasen deliberadamente los procedimientos penales en contra de los agresores sexuales de niños y adolescentes.