Capacitar a fiscales, peritos, jueces ymédicos forenses perspectiva género

La exigencia del movimiento feminista es que todos los homicidios de mujeres se investiguen como feminicidios y que conforme avance la investigación, se descarte esa posibilidad, no al revés, señaló

La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD); Gabriela Quiroga Anguiano, propuso garantizar que fiscales, peritos, jueces y médicos forenses sean capacitados en derechos humanos, igualdad y no discriminación, perspectiva de género e interseccionalidad, para que puedan investigar feminicidios y todos los caso de violencia de género.

Manifestó que una de las mayores exigencias en la marcha del pasado 8 de marzo, fue la falta de perspectiva de género, de justicia y de diligencia por parte de las autoridades al investigar cientos de feminicidios, violaciones y casos de violencia contra las mujeres que han quedado impunes.

Destacó que a pesar de que en la Ciudad de México se han logrado grandes conquistas para erradicar la violencia de género, aún existe un gran desafío para lograr una verdadera protección y acceso a la justicia para las mujeres, “el de erradicar la violencia institucional, las acciones u omisiones perpetradas por las propias autoridades contra las mujeres en el ejercicio de sus funciones”.

Por ello, Quiroga Anguiano, explicó que esta iniciativa propone reformar los artículos 257, 258 y 271 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, así como el artículo 59 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para garantizar que los peritajes en materia de medicina legal se realicen por personas capacitadas en derechos humanos, igualdad y no discriminación, perspectiva de género e interseccionalidad.

Subrayó que está capacitación debe ser en específico para las personas peritas en medicina forense; auxiliares del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses; las personas adscritas a las Agencias del Ministerio Público; a los hospitales públicos o los reclusorios preventivos, así como las personas peritas de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justica de esta Ciudad.

“Ya que al momento de realizar los exámenes y estudios necesarios a las personas violentadas o agredidas sexualmente, muchas veces los elaboran sin la empatía necesaria o con una falta de ética hacia la víctima, especialmente a las mujeres, prejuzgando su personalidad, violentándolas simbólicamente, revictimizándolas y hasta emitiendo juicios de valor en detrimento de su dignidad”, detalló.

Resaltó que las autoridades no se apegan al estricto profesionalismo imparcial, generando una brecha social de desigualdad y vulnerabilidad de los derechos humanos de las mujeres, lo que deja en evidencia que no tienen la correcta capacitación, ni ejercen sus funciones con una perspectiva de género.

La diputada perredista, explicó que de acuerdo con datos del INEGI, más del 60% de las mujeres externaron que no denuncian porque es una pérdida de tiempo, por desconfianza y hostilidad por parte de las autoridades, o por miedo a la extorsión, mientras que otro estudio del año 2016, señala que de cada 100 mujeres que experimentaron algún incidente de violencia por parte de su pareja, solo 12 presentaron alguna denuncia o solicitaron apoyo de las autoridades.

Por lo que el camino para cumplir con la exigencia del movimiento feminista es que todos los homicidios de mujeres se investiguen como feminicidios y que, conforme vaya avanzando la investigación, se descarte esa posibilidad en su caso, no al revés.

“Porque esas muertes de cientos de mujeres no pueden quedar en el olvido, por ello, se debe cambiar la ley y su forma de aplicarla, empezando por los operadores jurídicos, entre ellos los fiscales, jueces, peritos, médicos y personal de estas áreas. Y eso solo se logrará con la capacitación y certificación con perspectiva de género”, agregó.

Finalmente, Gabriela Quiroga Anguiano, manifestó que de esta manera se busca que una vez que el presente Decreto entre en vigor, se cuente con noventa días naturales para que fiscales, jueces, peritos y personal de estas áreas obtengan la certificación en los preceptos antes mencionados, caso contrario serán acreedores de faltas administrativas que determine la legislación.