Cambio de la colegisladora a proyecto de prisión preventiva

Las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, avalaron el cambio realizado por la Cámara de Diputados a una minuta que establece, en la legislación secundaria, la figura de prisión preventiva oficiosa para los delitos considerados graves, entre ellos, el uso de programas sociales con fines electorales.

El dictamen fue aprobado por la Comisión de Justicia, que preside el senador Julio Menchaca Salazar, con ocho votos en favor y cuatro en contra. En tanto, la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, encabezada por la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, lo avaló con siete votos en pro y uno en contra.

En el documento se explica que la colegisladora aprobó, casi en su totalidad, el proyecto enviado por el Senado de la República, salvo una disposición: el cuarto párrafo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relacionado con las armas réplica.

Dicho párrafo establecía que se considerarían violentos, “los delitos que utilicen objetos que tengan la apariencia, forma o configuración de un arma de fuego o explosivos funcionales, o no, y que sirvan para amagar o intimidar a la víctima”.

Al respecto, la Cámara de Diputados estimó que esta disposición se extralimita, pues “al legislar más allá de lo ordenado por el decreto y que, al describir una hipótesis de naturaleza sustantiva, lo adecuado sería plasmarla en el Código Penal Federal u otro cuerpo de leyes”.

Las senadoras y senadores coincidieron en que aplicar prisión preventiva oficiosa a los delitos cometidos con armas réplica, implicaría la creación de un tipo penal que no fue incorporado por el Constituyente Permanente en el artículo 19 de la Constitución Federal.

Por ello, se sumaron a la modificación propuesta y se allanaron al proyecto aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados, el pasado 13 de octubre de 2020.

Esta reforma, que tuvo su origen en el Senado en julio de 2020, instaura en la legislación secundaría la prisión preventiva oficiosa a delitos graves, como el feminicidio, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, violencia sexual contra menores, corrupción, desaparición forzada, robo al transporte de carga y huachicol.

Modifica el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y reforma las leyes generales en materia de Delitos Electorales, y de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, las leyes federales para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de Armas de Fuego y Explosivos, Contra la Delincuencia Organizada, la Ley General de Salud, la Ley de Vías Generales de Comunicación, así como el Código Penal Federal.

Con las reformas a estos ordenamientos legales se cumple con el mandato surgido de la reforma al artículo 19 constitucional, donde se establecieron nuevos ilícitos considerados graves y meritorios de prisión preventiva oficiosa. Además, armoniza las leyes secundarias para aplicar plenamente esta medida cautelar y evita malinterpretaciones en la impartición de justicia

De Morena, la senadora Lucía Trasviña Waldenrath aclaró que el Ministerio Público sólo podrá solicitar la prisión preventiva oficiosa, cuando otras medidas cautelares no sean suficientes.

El senador Damián Zepeda Vidales, del PAN, anunció su voto en contra del dictamen y dijo no estar de acuerdo con esta figura jurídica. La prisión preventiva, explicó, representa una salida falsa al problema de inseguridad del país, pues es violatoria de los derechos humanos.

La senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu Salinas también manifestó su postura en contra de la prisión preventiva oficiosa. Se trata, dijo, de uno de los dictámenes más controvertidos, ya que esta figura es contraria a los derechos humanos, y como tal, debería aplicarse de manera excepcional y como último recurso, además afecta el principio de presunción de inocencia.

En el mismo sentido, el senador Juan Zepeda, de Movimiento Ciudadano, dijo que su voto en contra se debe a que esta reforma contiene “una carga absurda” para criminalizar varios supuestos delictivos, como lo advirtieron organizaciones civiles.

Del PRD, el senador Miguel Ángel Mancera opinó que es más grave la figura de la prisión preventiva solicitada, pues se deja al juzgador criterios de amplio espectro para su aplicación. Hay muchos más casos de personas en prisión por este supuesto, que los que están presos por los delitos graves, alertó.