Blindar por ley los recursos destinados para consulados no puedan ser recortes

Es necesario garantizar financiamiento permanente a la red consular mexicana y evitar recortes a los servicios que protegen a millones de connacionales en el exterior, por lo que los recursos destinados al fortalecimiento de la red consular no puedan ser objeto de recortes presupuestales.

A fin de garantizar recursos suficientes, permanentes y protegidos para fortalecer la red de servicios consulares de México en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, donde residen millones de connacionales, el diputado federal Rubén Moreira Valdez presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,

El legislador priista expuso que la propuesta adiciona un artículo 37 Bis y reforma el último párrafo del artículo 58 de dicha ley para establecer, por primera vez, un mecanismo legal que asegure un piso mínimo de financiamiento para la red consular y evite que sus recursos sean reducidos durante el ejercicio fiscal.

La reforma establece que, durante la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, deberán preverse recursos para fortalecer los consulados mexicanos, cuyo monto no podrá ser inferior al equivalente al 0.2 por ciento del valor total de las remesas familiares recibidas por México durante el ejercicio fiscal inmediato anterior, de acuerdo con la información oficial del Banco de México.

Asimismo, propone que los recursos destinados al fortalecimiento de la red consular no puedan ser objeto de recortes presupuestales, salvo en los supuestos previstos por la propia ley y con la opinión de la Cámara de Diputados, colocándolos al mismo nivel de protección presupuestaria que programas estratégicos como los de igualdad entre mujeres y hombres, ciencia y tecnología, pueblos indígenas y atención a grupos vulnerables.

Rubén Moreira destacó que la protección y asistencia consular constituyen una función permanente e irrenunciable del Estado mexicano Recordó que México cuenta con la red consular más grande que un país mantiene dentro de otra nación, integrada por 53 consulados en distintas ciudades de Estados Unidos, lo que refleja la magnitud de la comunidad mexicana y la responsabilidad del Estado para atenderla.

Sin embargo, advirtió que el presupuesto destinado a esta función ha sufrido importantes reducciones. Explicó que el programa de protección y asistencia consular pasó de 581.7 millones de pesos en 2024 a 524.2 millones en 2025, y aunque para 2026 se autorizó un incremento hasta 570.8 millones de pesos, equivalente a un aumento de 8.9 por ciento, el presupuesto continúa por debajo del aprobado en 2024.

El legislador coahuilense señaló que la disminución es todavía más evidente al comparar el presupuesto actual con el de 2018, cuando el programa recibió 836.4 millones de pesos. En términos nominales, ello representa una reducción superior a 265 millones de pesos.

Recordó que las remesas representan uno de los principales pilares de la economía nacional. De acuerdo con el Banco de México, durante 2025 ingresaron al país 61 mil 777 millones de dólares, la cifra más alta registrada, resultado de 164.7 millones de operaciones, con un envío promedio cercano a 375 dólares.

Por ello, precisó que el monto de las remesas se propone únicamente como un parámetro objetivo, público y verificable, que permita actualizar anualmente el piso mínimo de financiamiento conforme evolucione la dimensión económica y social de la comunidad mexicana residente en el exterior.

Con base en las remesas registradas en 2025, el congresista explicó que la aplicación del porcentaje previsto en la iniciativa representaría recursos cercanos a 2 mil 100 millones de pesos, fortaleciendo significativamente la capacidad de atención de los consulados mexicanos.

Finalmente, Rubén Moreira sostuvo que la protección de los mexicanos en el exterior no puede depender de decisiones presupuestales anuales ni de apoyos extraordinarios, sino que debe contar con un mecanismo permanente que otorgue certeza financiera a una de las responsabilidades fundamentales del Estado mexicano.