Avalan reforma Ley de Adquisiciones, requisito que empresas que contrate gobierno no cuenten sanción firmes

La Comisión de Administración Pública Local del Congreso capitalino aprobó el dictamen con modificaciones a la iniciativa para reformar la fracción XV y recorrer la actual en la fracción XVI del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

La diputada Elizabeth Mateos Hernández (MORENA), presidenta de la comisión, expuso que el objetivo de esta reforma es incorporar de manera expresa el requisito de que las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades “se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contratos, en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, con personas físicas o morales que, además de los supuestos ya señalados en el artículo 39, hayan sido sancionadas por actos de discriminación mediante resolución firme de la autoridad competente”.

Reconoció que la iniciativa fue propuesta por la diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya (PT), presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; y que el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México remitió una opinión técnica en sentido favorable, al ser esta reforma indispensable para incorporar en la citada ley de manera expresa “la perspectiva de igualdad y no discriminación, estableciendo como requisito que las empresas que contraten con el gobierno no cuenten con sanciones firmes por actos discriminatorios”.

Precisó que dicho consejo sustentó su postura con datos del Informe de Casos de Atención Ciudadana 2023, donde se advierte que en el ámbito laboral de las empresas se concentra el 75 por ciento de los casos de discriminación, los cuales afectan principalmente a mujeres, personas de la comunidad LGBTTTIQ+, personas con discapacidad y mujeres embarazadas. 

“Estos datos confirman la necesidad de que el marco legal establezca medidas preventivas para evitar que recursos públicos terminen en manos de empresas que vulneren derechos”, afirmó la legisladora Mateos Hernández, al considerar que   incorporar este requisito es viable y un mecanismo eficaz para garantizar el uso de recursos públicos con legalidad, respeto y dignidad humana.

Precisó que se modificó la propuesta para no limitarla a dos instancias específicas y abarcar a toda autoridad competente, además de que se estableció un plazo de tres años para el impedimento, conforme al principio de proporcionalidad.

Asimismo, se unificó el concepto a “resolución firme”, para dar certeza jurídica; se incorporó la obligación de presentar carta bajo protesta de decir verdad para agilizar la verificación; y se reubicó el contenido como fracción XIV Bis para mantener la correlatividad del artículo.

Durante la segunda sesión extraordinaria de la comisión, la diputada Guerrero Maya aseguró que en la capital ninguna forma de discriminación tiene cabida, y que esta reforma legislativa “es un paso decisivo para garantizar que ninguna empresa o persona proveedora de bienes y servicios del gobierno y otras autoridades de nuestra ciudad incurra en prácticas discriminatorias, reafirmando que el servicio público debe ser ejemplo de inclusión, igualdad y dignidad para todas las personas”.