Autoridades de Iztapalapa dan a conocer su verdadero perfil y ponen en peligro a 2 trabajadores

Vecinos y organizaciones de derechos humanos locales ya se movilizan para exigir la liberación de los trabajadores, quienes, mediante la prepotencia y violencia los obligaron a quedarse encerrados en una bodega clausurada por las autoridades delegacionales.

En un acto que ha generado indignación entre los vecinos de la colonia San Miguel, la directora del departamento jurídico de la alcaldía Iztapalapa, Sandra Cardona, clausuró la bodega de alimentos perecederos ubicada en la calle Hidalgo Monroy 545, casi esquina con San Felipe de Jesús.

Esta acción se realizó en medio de acusaciones de abuso de autoridad y desconocimiento de la ley, dejando atrapados dentro del local a dos trabajadores, quienes llevan ya dos días sin acceso a alimentos ni agua.

Los vecinos y familiares de los trabajadores han señalado que la directora Cardona, quien asumió su puesto bajo la nueva administración de Aleida Alavez, del partido Morena, cerró el lugar bajo la amenaza de que si los empleados intentan salir, serán remitidos al reclusorio.

 La situación ha desatado la preocupación de la comunidad y ha dejado en entredicho los valores de austeridad y servicio al pueblo que la Cuarta Transformación tanto predica.

“Aquí es evidente el abuso de poder. No entendemos cómo una medida de este tipo puede justificarse con la idea de servir al pueblo,” expresó una residente de la colonia, quien pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias.

La comunidad espera una explicación inmediata de la alcaldía y, especialmente, de Sandra Cardona, a quien acusan de aplicar una medida extrema que pone en peligro la salud y los derechos humanos de los trabajadores. Indignados, los habitantes de Iztapalapa se preguntan: ¿Dónde quedaron los principios de empatía y compromiso con el pueblo que se prometieron al inicio de la administración?

Esperemos que Aleida Alavez pueda hacer algo al respecto y haga valer los principios del partido político Morena, demostrando que el compromiso con el pueblo sigue siendo la prioridad en esta nueva gestión.

Vecinos y organizaciones de derechos humanos locales ya se movilizan para exigir la liberación de los trabajadores y una respuesta clara de las autoridades.