Aspirantes a cargos públicos que Presenten declaración “3 de 3”

Con el objetivo de inhibir conductas que contribuyen a la cultura patriarcal y con ello a la desigualdad estructural entre hombres y mujeres, la diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Yuriri Ayala Zúñiga, presentó una iniciativa para hacer obligatoria la declaración “3 de 3 contra la violencia”, para quienes aspiren a alguna candidatura de elección popular. En tribuna, la legisladora señaló que de acuerdo con la consigna feminista “lo personal es político”, los aspirantes deberán firmar un formato denominad “3 de 3 contra la violencia”, donde tendrán que declarar de buena fe y bajo protesta de decir verdad que no cuentan con condena o sanción, mediante resolución firme por: violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito público o privado; delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; y tener deudas alimentarias o incurrir en mora en el cumplimiento de estas obligaciones, salvo que la persona acredite estar al corriente del pago de las mismas o las cancele en su totalidad y no tenga registro vigente en algún padrón de deudores alimentarios. “El objetivo de la presente iniciativa es garantizar que las personas que se encuentren en los supuestos antes señalados, no puedan ejercer otros derechos humanos, políticos y electorales como el de ser votado”, aseveró. En la Ciudad de México, el combate efectivo de las expresiones de delitos de carácter sexual ha requerido de normas claras, incluso de cooperación internacional, destacando la eliminación de la violencia sexual y sus consecuencias desde que el Estado Mexicano ratificó diversos instrumentos internacionales como”, comentó. En este contexto, la diputada Yuriri Ayala presentó la iniciativa para adicionar tres fracciones al Artículo 18 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, ya que explicó que conforme a la Base I del Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los partidos políticos son entidades de interés público y, como organizaciones ciudadanas, hacen posible su acceso al ejercicio del poder público. Entonces, resulta claro que los partidos políticos son el vehículo para que la ciudadanía acceda a los cargos de elección popular, a través de las candidaturas que estos postulen. “La manera más eficaz de evitar que personas violentadoras de mujeres y de los derechos familiares accedan a los cargos de elección popular, es que los partidos políticos exijan a las personas interesadas en acceder a una candidatura que declaren que no han incurrido en alguna situación de violencia de género ni familiar y que ninguna persona que aspire a una candidatura independiente, haya incurrido en estos supuestos”, agregó.