Armonizar ley local con Ley General Archivos, que establece la obligación

A fin de garantizar la conservación prioritaria de los documentos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos, la diputada Elizabeth Mateos Hernández (MORENA) presentó una iniciativa en el Congreso local para reformar los artículos 116 y 117 de la Ley de Archivos de la Ciudad de México.

“Un archivo es mucho más que un conjunto de hojas encuadernadas. Es un testigo silencioso del pasado, un guardián de la memoria colectiva, y, en muchos casos, la única vía que tienen las víctimas para alcanzar la justicia”, afirmó.

En su presentación en tribuna la legisladora argumentó que esta reforma, además de ser legal y técnica “es profundamente humana, profundamente política y profundamente necesaria”.

Recordó que en América Latina, los archivos han sido claves para esclarecer algunos de los episodios más oscuros de la historia, como en Argentina, donde los archivos de la represión permitieron identificar a responsables de desapariciones forzadas; en Guatemala, que el descubrimiento fortuito del Archivo de la Policía Nacional abrió miles de investigaciones por crímenes de Estado; o en México, donde el acceso a los archivos del periodo de la “Guerra Sucia” ha sido una exigencia constante de víctimas, académicos y defensores de derechos humanos.

“Incluso hoy, en pleno siglo XXI, la verdad sigue sepultada bajo toneladas de papel. Y eso tiene consecuencias”, afirmó la legisladora Mateos Hernández.

En el caso de la Ciudad de México, según datos de la Auditoría Superior local, los entes públicos tienen acervos físicos que crecen sin control. Algunos organismos reportan hasta mil metros lineales de documentos acumulados, muchos sin valorar, sin digitalizar y sin criterios claros de conservación. “Este exceso de información sin depurar ralentiza los procesos de justicia, obstaculiza el acceso a la información, y genera un impacto ambiental y presupuestal innecesario”, indicó.

La iniciativa presentada busca armonizar la ley local con la Ley General de Archivos, que ya establece en sus artículos 11 y 14 la obligación de conservar exclusivamente aquellos documentos que contengan evidencia de violaciones graves a derechos humanos, como desaparición forzada, tortura o ejecuciones extrajudiciales.

En tribuna, la diputada Elizabeth Mateos reconoció la labor de la actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, “una mujer que ha dedicado su carrera a poner los derechos humanos en el centro de las políticas públicas”.

La reforma responde al principio constitucional de buena administración pública, que obliga a los entes a actuar con eficacia, eficiencia y racionalidad en el uso del gasto, ya que conservar todo, sin criterios, genera saturación y es un desperdicio de recursos; y responde a los principios de transparencia y protección de datos personales, ya que al conservar sólo lo esencial, se evita exponer información sensible que no tiene valor archivístico ni relevancia histórica.

La iniciativa favorece el ahorro de papel y el cuidado ambiental - ya que en México se utilizan anualmente más de 230 mil toneladas de papel en oficinas públicas-, al impulsar la transición hacia gobiernos digitales, sostenibles y abiertos, “pero sobre todo es una propuesta que honra a las víctimas, porque cada archivo bien conservado puede significar una prueba clave para un juicio, una pieza más en la reconstrucción de la verdad, o el consuelo mínimo de una familia que no olvida”.

“Esta iniciativa se resume en una idea: memoria con responsabilidad, y justicia con eficacia. Lo que proponemos es una reforma que fortalece al Estado, que respeta a las víctimas, que armoniza nuestras leyes con los más altos estándares internacionales, y que también pone orden donde antes había omisión”, concluyó Mateos Hernández.