Armonización del marco jurídico derivada reforma en materia aguas

La Comisión de Recursos Hídricos e Infraestructura Hidráulica, que preside el senador Armando Ayala Robles, sostuvo una reunión con el subdirector general Jurídico de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Óscar Jovanny Zavala Gamboa, para revisar los avances en la armonización del marco jurídico derivada de la reforma en materia de aguas.

Óscar Zavala refirió que la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la expedición de la Ley General de Aguas se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre del 2025, por lo que entró en vigor al día siguiente y “esto quiere decir que el plazo de los 180 días que le fueron otorgados al Poder Ejecutivo para armonizar este marco jurídico del agua vence el 9 de junio.

Comentó a los senadores que entre los temas de fondo que mayor análisis, discusiones, debates y reflexiones han generado al interior de la CONAGUA son el ordenamiento de concesiones, la creación del nuevo Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, el procedimiento de reasignación, el Registro Público Nacional del Agua y el cambio de uso.

Dijo que entre estos temas también se encuentran lo relativo a las prórrogas, el régimen sancionatorio, zonas de libre alumbramiento, cuota de garantía, uso de agua en el campo, planificación hídrica y captación pluvial.

Explicó que, al desaparecer la figura de la transmisión entre particulares, se tiene que crear una nueva figura con la eliminación de los bancos de agua para establecer el Fondo de Reserva de Aguas Nacionales que se nutrirá de tres tipos de agua; además, está el tema donde la CONAGUA, a través de sus facultades de inspección y de supervisión, retoma o cancela volúmenes por la no utilización del recurso.

Dijo que hay nuevas reglas “para cuál va a ser la atribución y las facultades del Registro Público Nacional del Agua, que también está en un proceso de redefinición, donde ya se involucran reclamos sociales como el registro de los sistemas comunitarios de agua, que es un tema que está caminando de manera paralela con la armonización o con la creación de la Ley Reglamentaria del artículo segundo de la Constitución.

Añadió que “se está fortaleciendo internamente la CONAGUA para poder dar pauta a estas nuevas atribuciones y pueda mantener el control que se requiere en temas normativos para mantener el ordenamiento de las concesiones”.

Óscar Zavala Gamboa dio a conocer que también se trabaja de manera directa con la Fiscalía General de la República para el análisis de los delitos hídricos; sin embargo, puntualizó que no se busca criminalizar absolutamente a nadie, ya que los tipos penales son muy específicos para las conductas que se buscan sancionar.

El funcionario dijo que la Ley General de Aguas también tiene un plazo de 180 días para que las legislaturas locales armonicen su legislación, por lo que les pidió su colaboración para impulsar que en los estados se cumpla con este marco normativo, pues “no tenemos un engranaje completo si no logramos aterrizar estas propuestas en las leyes locales”.

La senadora Lucía Trasviña Waldenrath, de Morena, preguntó cómo harían para implementar un sistema de medición de aguas para efectos que no sean retenidas y cómo impulsar en la ley de obras públicas, para que en los desarrollos de grandes obras puedan tener captadores de agua y así disminuiría el gasto del líquido, cómo se podría hacer.

La senadora Gina Gerardina Campuzano González, del PAN, cuestionó sobre lo que deben hacer los productores del campo para no perder la concesión del agua cuando no tienen internet ni los conocimientos para renovar el trámite, lo mismo sobre las reglas y medición que utilizará CONAGUA para determinar si el campesino usó bien o no el agua; y si el organismo respetará las concesiones de agua cuando esta es parte de la herencia de tierras, es decir, respetar las cantidades, uso y condiciones.

La senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del PVEM, dijo que apoyan este marco normativo porque busca garantizar el acceso equitativo al líquido y por supuesto controlar el tema de las concesiones, porque es un problema priorizar el uso doméstico y un mayor control sobre la distribución.