Aprueban agravante por homicidios contra niñas, niños y adolescentes.

Se debe para fortalecer el marco jurídico penal de la capital en materia de protección a niñas, niños y adolescentes, al reconocer que las personas menores de edad constituyen un grupo en condición de vulnerabilidad reforzada, y, por ello, requieren una protección especial por parte del Estado.

La diputada Elizabeth Mateos Hernández presentó ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México dicho dictamen, al fundamentar el informe a nombre de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.

La legisladora señaló que actualmente el Código Penal de la Ciudad de México no contempla de manera específica el homicidio cometido contra personas menores de 18 años, por lo que en muchos casos estas conductas terminan sancionándose como homicidio simple, sin considerar “la condición de especial vulnerabilidad de la víctima”.

Asimismo, expuso que el artículo 126 únicamente regulaba el supuesto relativo al infanticidio cuando la madre priva de la vida al recién nacido dentro de las primeras 24 horas de su nacimiento, dejando fuera una problemática mucho más amplia relacionada con la violencia extrema y homicidios dolosos cometidos contra niñas, niños y adolescentes.

En ese sentido, las y los diputados integrantes de la comisión dictaminadora consideraron jurídicamente procedente fortalecer el tipo penal y establecer una agravante específica cuando la víctima sea una persona menor de edad, imponiendo penas de “20 a 50 años de prisión”, atendiendo al principio de interés superior de la niñez previsto en el artículo 4º constitucional u en diversos instrumentos internacionales.

Durante la presentación del dictamen se destacó que esta reforma encuentra sustento constitucional y convencional en la obligación que tiene el Estado mexicano de prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes garantizando su derecho a la vida, a la integridad personal y a vivir libres de violencia.

Igualmente, se recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el establecimiento de agravantes en delitos cometidos en contr de personas menores de edad constituye una medida “objetiva, razonable y proporcional”, encaminada a proteger de manera reforzada a la niñez y adolescencia frente a conductas de extrema gravedad.

Además, se advirtió que las cifras y casos recientes evidencian que la violencia homicida contra menores de edad no puede seguir tratándose bajo criterios criminales, por lo que el Estado debe responder con herramientas jurídicas “claras, proporcionales y eficaces” frente a hechos que afectan no solo a las víctimas y sus familias, sino también al tejido social.

Finalmente, se afirmó que con la aprobación de este dictamen el Congreso capitalino envía un mensaje claro: “en la Ciudad de México las niñas, los niños y adolescentes se protegen y su vida tiene el más alto valor jurídico y humano”.