Aprueba dictamen para expedir Ley de la Responsabilidad Ambiental

En sesión extraordinaria, la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del Congreso local aprobó el dictamen a la iniciativa para expedir la Ley de Responsabilidad Ambiental de la Ciudad de México.

Al respecto, la congresista Tania Nanette Larios Pérez, presidenta de la comisión referida, expresó que la normatividad propuesta respeta el régimen de responsabilidad previsto en la Constitución local y responde a las problemáticas actuales, en busca de garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano para el desarrollo de las personas y de la responsabilidad ambiental.

Con estos cambios se regula la responsabilidad ambiental que se origina por daños ocasionados al medio ambiente y la salud de las personas como consecuencia, directa o indirecta de un daño de este tipo; y se determina la reparación integral de los daños ambientales cuando sean de competencia local, de acuerdo con el esquema de distribución de competencias previsto en la Constitución capitalina y en las leyes vigentes en la materia.

Indicó que la iniciativa propuesta por las personas legisladoras Martha Soledad Avila Ventura y Javier Ramos Franco, plantea reformar el artículo 65 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, y derogar los artículos 221, 222, 223 y 224 del capítulo VI del título séptimo de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en la Ciudad de México.

Es importante señalar que este régimen de responsabilidad ambiental reconoce que el daño ocasionado al medio ambiente es independiente del daño patrimonial o extrapatrimonial, sufrido por las personas titulares de derechos de las tierras donde se encuentren los elementos y recursos naturales dañados.

La diputada Gabriela Salido Magos sugirió anexar a la propuesta la información recabada en el foro de parlamento abierto realizado el pasado 29 de febrero, con el objetivo de considerar la opinión de diversas entidades expertas en la materia; y precisó la importancia de añadir la opinión de la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso local respecto al impacto presupuestal de esta ley.