Aprueba dictamen para evitar venta y preventa de inmuebles que no cuenten autorizaciones o permisos

La Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, que preside la senadora Susana Zatarain García, aprobó un dictamen que tiene el objetivo de evitar la venta de inmuebles destinados a la vivienda que no cuenten con las autorizaciones, licencias o permisos correspondientes.

El proyecto está encaminado adicionar una fracción XXV al artículo 11 y un párrafo quinto al artículo 56 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Susana Zatarain García precisó que la propuesta busca incluir como parte de las obligaciones de los municipios la prevención, para evitar la preventa y venta de inmuebles para vivienda de conjuntos urbanos o desarrollos habitacionales que no hayan demostrado tener previamente autorizaciones, trámites, licencias de uso de suelo, construcción, fraccionamiento, subdivisiones, relotificaciones, condominios y para cualquier otra acción urbanística.

Subrayó que esta propuesta fortalece la ley vigente, ya que se impide cualquier tipo de interpretación que puedan utilizar los desarrolladores inmobiliarios o las constructoras en detrimento de los compradores.

La legisladora advirtió que actualmente no existe ninguna indicación expresa, que obligue a los desarrolladores o constructoras a contar con los permisos necesarios para poder comenzar con dichas ventas.

“Por ello hay muchos fraudes inmobiliarios, ya que se publican en redes sociales y la gente empieza a hacer transferencias o pagos anticipados, y después no pueden tramitar los permisos porque no cumplen con la normatividad, y esos anticipos quedan en litigios”, señaló.

Con la reforma, puntualizó, se estaría legislando para proteger el patrimonio de las y los compradores, además de que concedería a las autoridades competentes mayor facultad para sancionar a los actores involucrados en caso de infringir la ley.

Por Morena, Juan Carlos Loera de la Rosa aseguró que se trata de una herramienta preventiva y eficaz para cerrar las puertas a la corrupción inmobiliaria y proteger el patrimonio de la población; “representa un acto de justicia, la legalidad y la seguridad jurídica para garantizar el derecho a una vivienda digna”.

Mely Romero Celis, del PRI, indicó que la reforma garantiza mayor claridad de que será responsabilidad del municipio prevenir este tipo de situaciones; sin embargo, expresó que hacen falta mecanismos para determinar qué autoridad será la encargada de revisar, y dar seguimiento de que efectivamente se cumple esta norma.

Previamente, el Ingeniero Carlos Ernesto Fierros Pacheco, presidente de la Federación Nacional de la Federación Mexicana de Ingenieros Civiles llevó a cabo una presentación, en la que propuso armar una agenda de trabajo con las y los integrantes de la Comisión.

Ello, dijo, a efecto de evaluar y dar seguimiento a los trabajos del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, así como para aportar ideas que puedan ser aplicadas en distintas partes del país, para impulsar un buen desarrollo urbano y sustentable.

Se trata, precisó, de aportar ideas y transmitirlas en la legislación, de tal manera que se puedan aplicar de forma correcta para tener un desarrollo ordenado de las ciudades y los municipios en general.