Aprueba Comisión garantizar a pueblos originarios aprovechamiento de ámbar

A fin de que el Estado garantice el derecho de pueblos y comunidades indígenas para adquirir títulos de concesión, que les permitan el aprovechamiento de ámbar, la Comisión de Minería y Desarrollo Regional, que preside la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, aprobó un dictamen que reforma el artículo 4 de la Ley Minera.

El proyecto precisa que al incluir el ámbar como piedra preciosa se beneficiaría el aprovechamiento de este recurso, se dejaría atrás la informalidad, y se estimularía la inversión y generación de empleos bien pagados, con mejores condiciones laborales para mineros y artesanos.

Destaca que en México existen depósitos de esta resina fosilizada en municipios de Chiapas como Simojovel de Allende, Huitiupán, El Bosque, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Totolapa, Palenque y Raudales Malpaso.

En el mundo, el ámbar mexicano adquiere cada vez mayor demanda, ya que es considerado exótico y escaso. Por sus más de 30 tonalidades, su apreciación se debe a que esta resina no es tan antigua, por lo que es ideal para trabajar en joyería, ya que no se fragmenta fácilmente.

Las y los senadores señalaron en el dictamen que actualmente hay una economía informal respecto a esta resina, pues personas procedentes de Corea, China y Taiwán llegan a Simojovel de Allende a comprar piezas de ámbar rojo y amarillo de la mayor calidad, sin que exista un control de cuánto ámbar sale del país.

El senador Eduardo Ramírez Aguilar, de Morena, afirmó que se trata de un dictamen con espíritu de justicia, que ayudará a pobladores indígenas chiapanecos y, sobre todo, les dará mejores oportunidades de vida.

Napoleón Gómez Urrutia, senador de la misma bancada, mencionó que no sólo el ámbar se paga a precios reducidos, sino otros productos naturales mexicanos que se extraen, procesan y venden en otros países, lo que va en detrimento de comunidades y pueblos originarios de Chiapas y de otras entidades.

Por el PES, la senadora Marcela Mora Arellano aseguró que las personas de los pueblos originarios están en una situación muy vulnerable y al protegerlos con este dictamen, realizaremos un acto de justicia social, porque ellos viven de la producción y venta del ámbar.