Ante violencia política, el estado obligado a garantizar participar

Es una obligación de las autoridades proteger a las y los candidatos que contienden por un cargo de elección popular, especialmente cuando el crimen organizado tiene mucho poder en algunos municipios del país, afirmó el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez.

Durante la presentación del libro “Ley General en Materia de Delitos Electorales. Comentada”, el senador lamentó los hechos en los que varios aspirantes perdieron la vida, y afirmó que las instituciones del Estado mexicano tienen que garantizar el derecho a la participación política de la ciudadanía.

Recordó que estamos ante una de las elecciones más grandes de nuestro país, ya que se renovarán casi todas las legislaturas locales, más de dos mil presidencias municipales, 15 gubernaturas y la renovación de la Cámara de Diputados.

Por ello, subrayó que es indispensable garantizar la integridad física de quienes aspiran a cargos de elección popular.

Negar nuestra realidad, agregó, conlleva a la desconfianza de las personas para participar por algún cargo público y “no ir a un sueño legítimo de los ciudadanos por miedo de perder la vida”.

En este sentido, confió en que este libro ayudará a los impartidores de justicia para investigar los delitos electorales. “Este texto va a servir para el fortalecimiento democrático y la participación ciudadana”.

A su vez, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que hay una relación entre corrupción y elecciones, por lo que se requiere de un trabajo coordinado entre las fiscalías electorales y de anticorrupción para combatir esta problemática.

Explicó que la corrupción y los delitos electorales se mezclan en tres momentos: cuando hay peculado electoral, desvío de fondos, bienes o servicios para fines electorales; los temas relacionados con la delincuencia organizada, es decir, el financiamiento ilícito a campañas, y la corrupción que se presenta a partir de que un empresario financia de forma ilegal campañas para obtener beneficios.

En este sentido, expuso que Odebrecht es un ejemplo de una conducta reiterada, por lo que es importante que se combata de manera enérgica. Santiago Nieto también comentó que si hay algo que realmente lesiona la democracia es la compra del voto. Se trata, agregó, de una práctica vil que debe ser erradicada del sistema mexicano.

Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon, presidente de la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales, declaró que se encuentran preparados para cumplir con su función constitucional.

Advirtió que todas aquellas personas que pretendan impedir que las y los mexicanos ejerzan libremente sus derechos políticos, “deben saber que las fiscalías se declaran listas para recibir denuncias en su contra y actuarán en consecuencia”.

Hizo un llamado para que se respete la ley y subrayó que quienes no lo hagan serán “perseguidos y castigados”.

En su turno, María de los Ángeles Romo, coautora del libro, opinó que la violencia política de género pondrá a prueba a este nuevo sistema penal electoral, pues sin duda se viven acciones en este tema que podrán llegar a enfrentar las fiscalías electorales.

A su vez, César Astudillo, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo que espera que esta publicación se convierta en una consulta obligada de todos los operadores jurídicos para entender el alcance de las conductas que, no sólo lastiman la libertad política de las personas, su derecho de autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad, sino el tejido político y la salud del sistema democrático.