Ante riesgos protección civil, comisiones Congreso de la CDMX aprobaron reformas

Las Comisiones Unidas de Administración Pública Local, y de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Congreso capitalino aprobaron un dictamen que plantea una serie de reformas a diversas leyes en la materia, con lo cual se contribuirá a mejorar la seguridad de la población de la Ciudad de México ante riesgos de protección civil.
En sesión virtual, se avaló el dictamen a la iniciativa para modificar la denominación de la Ley de Establecimientos Mercantiles y de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos, ambas del Distrito Federal, para quedar ahora como de la Ciudad de México. Además se realizaron otras reformas, adiciones y derogaciones a disposiciones de estas dos normas.
Las y los diputados también avalaron, con 15 votos a favor y cuatro abstenciones, propuestas de modificación a la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, y del Código Civil para el Distrito Federal.
La diputada de MORENA, Guadalupe Chavira de la Rosa, presidenta de la Comisión de Administración Pública Local, resaltó que para mejorar el dictamen se efectuaron múltiples foros y mesas de trabajo con especialistas.
El diputado panista Héctor Barrera Marmolejo, presidente de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, aseguró para fortalecer el dictamen se incluyeron las observaciones de legisladoras y legisladores de los diferentes grupos parlamentarios.
Destacó que se mantuvo dentro de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la Plataforma Céntrica -que en algún momento se planteó desaparecer- y ahora se robustecerá su funcionamiento.
Explicó que en la legislación se mantienen los seguros de riesgo para construcciones tipo B -además de las de tipo C-, ya que las primeras, que son de entre 5 mil y 10 mil metros cuadrados, son las que más afectaciones sufrieron en el sismo de 2017.
Añadió que se estableció la actualización permanente del Atlas de Riesgos, al menos en forma anual, y no sólo cada cinco años, para mejorar las políticas públicas de prevención y mitigación de riesgos.
Por su parte, el diputado Eleazar Rubio Aldarán (MORENA) resaltó que toda la población tiene derecho a vivir en un entorno seguro, y la autoridad tiene la obligación de impulsar medidas para su protección ante riesgos, ya sea naturales o generados por el ser humano. “Lo principal para la ciudad es la seguridad de sus habitantes”, dijo.
En su oportunidad, la diputada Paula Soto Maldonado (MORENA) agradeció que se tomaron en cuenta las observaciones que realizó y las propuestas de modificación que presentó, principalmente en materia de lenguaje incluyente.

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