Ante la llegada del Comité contra las Desapariciones Forzadas a México, gobierno asumirá compromisos

En el marco de la primera visita del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas, solicitamos al gobierno mexicano cooperar con el mismo desde los más altos niveles políticos, y a asumir compromisos que permitan avanzar en la agenda en materia de desaparición.

Colectivos de búsqueda y organizaciones hacemos públicos los informes que entregamos al CED con la finalidad de exponer nuestras valoraciones y recomendaciones sobre la situación.

El día de hoy los colectivos que integramos el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y organizaciones defensoras de los derechos humanos damos la bienvenida al Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) en su primera visita a un país, agradeciendo que se haya puesto la mirada en la grave problemática que vivimos en México.

Hacemos un atento llamado al gobierno mexicano a cooperar con el CED sin restricciones y desde el más alto nivel político de todas las instituciones del Estado que sean requeridas; facilitando toda la información que les sea solicitada sin restricción y de forma transparente. Más aún, llamamos al gobierno a asumir compromisos claros y precisos, y a cumplir de buena voluntad todas las recomendaciones que el CED emita.

Ante esta visita, hacemos públicos nuestros informes entregados al CED, los cuales presentan nuestro diagnóstico de la crisis de desaparición de personas y las soluciones que el Estado debería estar implementando. En particular, resaltamos los siguientes aspectos:

La búsqueda en vida es urgente. Actualmente existen en México 94,086 personas desaparecidas o no localizadas. Pero aún no existe una coordinación efectiva entre las acciones de búsqueda y los procesos de investigación, así como la participación de las familias en la planeación y ejecución de búsquedas.

La búsqueda forense está en crisis. Existen por lo menos 52,004 personas fallecidas sin identificar, la gran mayoría de ellas se encuentran en fosas comunes en cementerios públicos, bajo la responsabilidad de las fiscalías. Además de transformar los servicios forenses ordinarios, el gobierno debe garantizar la colaboración de todas las fiscalías con el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) para que éste pueda comenzar a funcionar.

La impunidad supera el 98% en estos casos. Se estima que miles de denuncias de desaparición no han dado origen a ninguna carpeta de investigación y muchas más no se denuncian por la falta de confianza en las autoridades. Sólo existen 35 sentencias condenatorias por el delito de desaparición de personas. Las fiscalías deben asegurar verdaderos mecanismos de rendición de cuentas y participación de las familias en el desarrollo de la investigación, que garanticen el acceso a la justicia.

Se han documentado 12 asesinatos a familiares de personas desaparecidas por buscar a sus seres queridos. Muchas otras han sufrido amenazas e intimidación. El gobierno debe reconocer públicamente la labor de defensa de derechos humanos que realizan los colectivos de familiares de personas desaparecidas y garantizar la seguridad de las víctimas en todo momento, especialmente a través de una política pública integral de protección.

Estamos convencidxs de que la visita del Comité es una oportunidad para obtener una visión más amplia, experta, con las mejores prácticas y los más altos estándares internacionales, que permitan mejorar y avanzar en la agenda en materia de desaparición en México en términos de prevención, búsqueda, investigación, sanción, reparación y poder dar garantías de no repetición a este grave flagelo