Ante el uso de la Fuerza Pública, se proponen protocolos de actuación a personas con discapacidad

A fin de salvaguardar la integridad de las personas con discapacidad y evitar abusos por parte de la autoridad, la senadora Geovanna Bañuelos propuso modificaciones al artículo 8 y 16 de la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza.

La coordinadora del Grupo parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) explicó que el propósito de su iniciativa es que los protocolos de actuación y procedimientos de uso de la fuerza atiendan a la protección de las personas con discapacidades.

Además, propone capacitar a los elementos de las fuerzas de seguridad para que conozcan las técnicas adecuadas para actuar ante este sector poblacional sin violar sus derechos humanos.

Geovanna Bañuelos lamentó que en diversos casos, las personas con alguna discapacidad han sido agredidas por parte de policías que confunden su discapacidad con conductas provocadas por los efectos del alcohol o de una droga.

“Existen diferentes tipos de discapacidad como la visual, motriz, auditiva, intelectual e incluso las llamadas no visibles, como puede ser la falla interna de un órgano o una depresión, habitualmente no perceptibles”, explicó.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 4.9% de la población mexicana, aproximadamente 179 mil 890 personas, tiene algún tipo de discapacidad.

En este sentido, dijo que los agentes de seguridad deben estar preparados para saber actuar antes los diversos escenarios que se les pueden presentar, porque no es lo mismo que actúen usando la fuerza con una persona con todas sus capacidades, que hacerlo con una persona vulnerable.

“En el Grupo Parlamentario del PT consideramos necesario precisar que el marco jurídico que rija la actuación de las autoridades debe ser claro y compatible con el andamiaje de protección de los derechos fundamentales de las personas”, mencionó Geovanna Bañuelos.

Y recordó que el Estado se encuentra obligado a regular adecuadamente el uso legítimo de la fuerza, mediante un marco normativo claro y efectivo; además de capacitar y entrenar a sus cuerpos de seguridad sobre los principios y normas de protección de derechos humanos.

“Es tiempo de actuar en favor de la capacitación, profesionalización y respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad”, aseveró la líder petista.

Y enfatizó que ante el uso de la fuerza lo más importante es que las autoridades del Estado, incluida la policía, cumplan con su obligación máxima de respetar, proteger y garantizar la vida de las personas.