Ante el 1er Informe, algunas verdades Esconden y maquillan lo que se vive

Ni el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ni el gobierno federal, ni los gobiernos locales, cumplen con sus obligaciones en cuanto a la promoción del desarrollo policial, ministerial y penitenciario. El Consejo Nacional de Seguridad Pública es una simulación política que emite acuerdos insustanciales, ambiguos y no evaluables, y cuyo incumplimiento no tiene consecuencias.

A) Policías Durante el 2025, los fondos federales de apoyo a las policías locales se mantuvieron muy lejos de las necesidades de policías que se encuentran en un estado muy precario. Causa en Común ha concluido que la mitad de las policías estatales carece de sistemas de servicio profesional de carrera; que persisten limitaciones importantes en equipamiento e infraestructura; que la mayoría de las corporaciones locales incumple la obligación de establecer sistemas complementarios de seguridad social establecidos por ley a favor de los policías; y que persisten evidentes debilidades en las capacidades de supervisión, inspección e investigación interna, con el objetivo de atender y prevenir conductas ilegales.  

Entre octubre de 2024 y agosto de 2025, se registraron al menos 69 movilizaciones de policías, entre las que se encuentran 35 paros, 32 manifestaciones y 5 emplazamientos a paro; todos los casos relacionados con sus condiciones laborales. Entre octubre de 2024 y el 28 de agosto de 2025, Causa en Común registró, al menos, 338 policías asesinados en el país, más de un policía asesinado cada día.

Respecto a la autonomía que debiera caracterizar a las fiscalías, se mantienen mecanismos de designación y remoción de fiscales que permiten una influencia determinante por parte de los Ejecutivos estatales. En cuanto a profesionalización, persisten deficiencias en la formación inicial y en la actualización del personal.

La carrera ministerial presenta fallas en los procesos de promoción por mérito, y hay opacidad sistemática sobre el número de elementos acreditados en control de confianza, competencia y desempeño. Respecto al régimen disciplinario, faltan garantías para los denunciantes y no se transparentan las sanciones a los servidores públicos.

C)  Penales. De mantenerse la actual tendencia, se estima que, para diciembre de 2025, la población penitenciaria aumentaría en aproximadamente 57 mil personas respecto a diciembre de 2024, para un total aproximado de 272 mil personas en los centros penitenciarios estatales. La ampliación del catálogo de delitos que suponen prisión preventiva automática explica un constante incremento en el número de personas privadas de su libertad sin haber recibido una sentencia. A julio de 2025, casi 100 mil personas privadas de la libertad están recluidas sin sentencia, lo que representa el 40% de la población carcelaria. Estos incrementos no vienen acompañados de incrementos en las capacidades penitenciarias, lo que agravará las dificultades que ya existen para mantener la gobernabilidad en los penales.

II) Abandono de las víctimas Se mantiene el debilitamiento institucional y la subordinación al Ejecutivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que en la práctica la nulifica. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las Comisiones de Búsqueda no cuentan ni con el presupuesto, ni las facultades ni la voluntad política para tener alguna relevancia ante el drama que enfrentan las víctimas y sus familias.

III) La imposición de jueces a modo Inician funciones una Suprema Corte y diversos órganos judiciales que fueron electos fraudulentamente y a partir de mayorías obtenidas ilegítimamente en el Congreso.

No existe más la autonomía del Poder Judicial, ni la división de Poderes, ni, por lo tanto, un régimen democrático.

IV) Militarización. Se introdujo en la Constitución la militarización de la seguridad pública sin que ello vaya acompañado de controles efectivos sobre su actuación ni de una menor inseguridad. Se eliminó también cualquier límite a su actuación en cualquier ámbito independientemente de que no tenga nada que ver con la esfera militar.

Una creciente militarización no es compatible con un régimen democrático pero sí coincide en cambio con la captura completa del Poder Legislativo, con la destrucción del Poder Judicial y con la eliminación de órganos autónomos.

V) Propaganda y realidad Además de la “cifra negra” (sólo se denuncian aproximadamente siete de cada 100 delitos), Causa en Común ha detectado anomalías y probables manipulaciones en los números oficiales debido a omisiones en los registros, probables subregistros mediante la reclasificación de los delitos y comparaciones a modo a efecto de presentar supuestas disminuciones de los delitos reportados.

En cuanto a los homicidios, destacan algunas situaciones anómalas, comparando, con cifras oficiales, los primeros siete meses de 2025 con el mismo periodo de 2024:  Colima reportó una disminución de 28% en el número de víctimas de homicidio doloso, mientras que las víctimas de homicidio culposo (accidentes) aumentaron 32%. Chihuahua reportó una disminución de 12% en el número de víctimas de homicidio doloso, mientras que las víctimas de homicidio culposo aumentaron 16%. Morelos reportó una disminución de 33% en el número de víctimas de homicidio doloso, mientras que las víctimas de homicidio culposo aumentaron 42%.

Otra categoría, se denomina “otros delitos contra la vida y la integridad” y abarca inducción o ayuda al suicidio, peligro de contagio e inseminación artificial no consentida. Hay entidades que, en los primeros siete meses de 2025, reportaron un número de víctimas de “otros delitos contra la vida y la integridad” y/o de homicidios culposos muy por encima de los homicidios dolosos. Aguascalientes, por ejemplo, reportó 7,364 víctimas de “otros delitos contra la vida y la integridad” y 81 víctimas de homicidio culposo, en contraste con 67 víctimas de homicidio doloso.

Otro dato que se incrementa notablemente, además de los accidentes y “otros delitos contra la vida”, son las desapariciones, las cuales se habrían incrementado en un 13% en los primeros siete meses de 2025, comparando con el mismo periodo del 2024.

Son todos ellos datos curiosos, al menos. Mención especial requieren las atrocidades. En lo que va del presente gobierno, de octubre de 2024 a julio de 2025, Causa en Común ha registrado en medios 4,058 atrocidades, entre las que destacan 1,191 casos de tortura, 478 descuartizamientos, 351 masacres, 156 calcinamientos, 415 asesinatos de mujeres con crueldad extrema y 199 asesinatos de niños.

En síntesis, el abandono del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de sus instituciones (policías, fiscalías y penales), el abandono también de las víctimas, la destrucción del Poder Judicial, la militarización y la  manipulación informativa sobre el arraigo criminal en la mayoría del país, dan cuenta de un primer año de gobierno lamentable en términos de inseguridad, de injusticia, de ineptitud y de autoritarismo.