Analiza CONATRIB creación de fondo de fortalecimiento para la justicia.

La Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) analiza actualmente la creación de un fondo de fortalecimiento a la justicia, el cual permita a los poderes judiciales locales contar con mayores ingresos, y así cumplir con la implementación de diversas reformas cuya aplicación corresponde a su competencia, anunció el presidente de esa organización, magistrado Rafael Guerra Álvarez. Al participar en la 69º Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) y la Reunión del Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados (UIM), en Sao Paulo, Brasil —que habían sido aplazadas con motivos de la Pandemia COVID19—, informó que en los ejercicios fiscales 2020-2021, la media de la asignación presupuestal para los poderes judiciales locales fue del 1.83 por ciento del presupuesto de egresos de las entidades federativas, apenas un incremento de 0.1 por ciento con relación a 2019. A nombre de la Jurisdicción-México, enfatizó que, a diferencia de lo que señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, los poderes judiciales locales no cuentan con un porcentaje mínimo del presupuesto, que les permita incrementar el número de juzgados, mejorar en la calidad de atención y ampliar el acceso a la justicia a los ciudadanos. “Los poderes judiciales mantienen una limitada estructura, particularmente en órganos jurisdiccionales, ya que en el país hay 2.2 jueces por cada 100,000 habitantes, equivalente a la mitad del promedio que hay en el Continente Americano, y ocho veces menos que lo registrado a nivel mundial. Baste mencionar que mientras México cuenta con 2.2 jueces, Eslovaquia, considerado como el país con menor impunidad, cuenta con 42 jueces por cada 100,000 habitantes”, comparó. No obstante, el Doctor en Derecho Penal Rafael Guerra Álvarez, destacó el caso de la implementación del Sistema de Justicia Laboral, que en 2019 se vislumbraba como un escenario imposible de lograr, frente a elementos adversos como la pandemia, los recursos presupuestales, los recursos humanos y la infraestructura. Hoy por hoy, afirmó, es para mí una satisfacción hacerles del conocimiento que, de los 32 tribunales superiores de justicia de las distintas entidades federativas, ya se cuenta con 17 que han implementado la Reforma Laboral, y 15 más están en proceso, gracias al esfuerzo y compromiso de los integrantes de la CONATRIB y al acompañamiento y apoyo financiero del gobierno federal. El también presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, mencionó la implementación de reformas que le corresponde aplicar a la jurisdicción local, y citó, entre otras, las relativas a derechos humanos, justicia oral mercantil, sistema de justicia penal, sistema integral de justicia para adolescentes, de ejecución penal, y las tendentes a dar protección a las mujeres víctimas de violencia. Ante sus pares latinoamericanos reunidos en la sede de la Asociación Paulista de Magistrados, Rafael Guerra Álvarez destacó los esfuerzos de los integrantes de la CONATRIB para mantener el trabajo jurisdiccional durante la pandemia, y subrayó la creación de nuevos sistemas para la atención de cargas de trabajo, a fin de desahogar en línea la operación en áreas estratégicas, y evitar así rezagos, así como contagios y decesos. Al dar a conocer los puntos relevantes de un diagnóstico elaborado por la CONATRIB, que permita a la organización estar preparada para enfrentar eventuales problemáticas como la que representó la pandemia, planteó acelerar la justicia digital, incrementar los servicios y trámites electrónicos y fomentar el uso de medios tecnológicos al alcance. El magistrado recordó que la CONATRIB se compone de 32 poderes judiciales locales, y que tiene como fin comprometerse con la renovación, modernización, innovación y cooperación, tendentes a la fortaleza de la administración de justicia. Los trabajos, que encabeza el presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados, Walter Barone, se analizaron las situaciones de los poderes judiciales de los países miembros de la organización. La FLAM que es un organismo que agrupa a las Asociaciones Nacionales de Jueces de América, fue fundada en Santiago de Chile en el año 1977, y está integrada por entidades de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. En tanto que la UIM, es de resaltar, agrupa actualmente a 73 asociaciones o grupos representativos nacionales procedentes de los cinco Continentes. La Unión comprende cuatro grupos regionales: la Asociación Europea de Magistrados (40 naciones); el Grupo Iberoamericano (15 naciones); el Grupo Africano (13 naciones); el Grupo Asiático, Norteamericano y Oceánico (9 naciones).