Análisis sobre los impactos de la reforma en los tribunales estatales

La reforma en los tribunales estatales impone el modelo del Poder Judicial de la Federación sin considerar sus diferencias estructurales y operativas. 20 estados ya han reformado sus constituciones locales, con variaciones que buscan mitigar los efectos de la reforma. 

La reciente reforma constitucional a los poderes judiciales presenta una seria omisión: no tuvo en cuenta las condiciones y circunstancias específicas de los tribunales estatales. A pesar de que cada entidad federativa tiene características, funciones y capacidades distintas, la enmienda constitucional impuso a las legislaturas y poderes judiciales locales un modelo basado en la reforma al Poder Judicial de la Federación.

Entre las modificaciones que deben incorporarse a las constituciones estatales se encuentran la elección por voto popular de jueces y magistrados, la sustitución de los consejos de la judicatura por órganos administrativos, y la creación de tribunales de disciplina judicial sin un marco armonizado dentro de un sistema de responsabilidades.

En el estudio “Radar judicial: reformas constitucionales en los estados”, México Evalúa analiza las reformas constitucionales ya aprobadas en 20 entidades federativas: Aguascalientes, Campeche, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Cabe destacar que Campeche no participará en la elección extraordinaria de 2025.

Oportunidad para construir un sistema de justicia que atienda a la población

Los hallazgos reflejan un mosaico de reformas constitucionales estatales que, en algunos casos, han incorporado elementos para mitigar los impactos de la reforma judicial. Por ejemplo, Aguascalientes, Coahuila, Jalisco y Zacatecas han establecido exámenes de conocimientos para aspirantes a cargos judiciales. En Coahuila, Chihuahua, Estado de México, Nayarit, Veracruz y

Tabasco se exige la Declaración 3 de 3 contra la violencia de género, mientras que Nayarit ha aprovechado la coyuntura para establecer un mínimo de presupuesto para su poder judicial en la constitución estatal.

El Radar de la Reforma Judicial tiene como objetivo generar herramientas de seguimiento y recomendaciones de buenas prácticas para enfrentar los desafíos de la reforma en los estados.

Asimismo, servirá como referencia para aquellas entidades que aún deben reformar sus constituciones dentro del plazo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Además, este análisis busca ser un insumo clave para el diseño de legislación secundaria y políticas públicas judiciales complementarias tras las elecciones judiciales de 2025.

A partir de este estudio, México Evalúa propone un esquema de indicadores para evaluar la implementación de la reforma judicial estatal en temas fundamentales como el acceso a la justicia, la transparencia, la descentralización, la carrera judicial y el papel de las escuelas judiciales, la gestión de casos y la inclusión tecnológica, los sistemas de responsabilidades del personal judicial y la independencia judicial, así como la planeación y asignación de recursos a los poderes judiciales.

“Se ha insistido en que la elección por voto directo de ministros, magistrados y jueces, no será la solución a los problemas en materia de justicia que arrastramos como país. Por el contrario, la justicia se verá paralizada y con riesgos de ser cooptada por intereses políticos, económicos e incluso delincuenciales”, expresó Mariana Campos, directora de México Evalúa.

Por su parte, Susana Camacho, Coordinadora del Programa de Justicia de ese centro de análisis de políticas públicas, aseveró: “Aunque la reforma judicial tiende hacia un debilitamiento de los poderes judiciales, observamos que podríamos estar ante una oportunidad para —desde un enfoque local—atender las áreas de oportunidad en el acceso a la justicia enfocándonos en las personas usuarias.”