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Ampliar plazo de respuestas a solicitudes hechas por distintos órganos públicos.

19 abr 2022
2 min de lectura


La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Guadalupe Morales Rubio, presentó una iniciativa para que las solicitudes de información que se hagan desde el Poder Legislativos a distintos órganos de gobierno y Alcaldías, tengan hasta setenta días naturales para dar respuesta como se establece en la Constitución Política capitalina.

“A nivel local, la Constitución Política de la Ciudad de México señala en su artículo 34, apartado A, numeral 2, que los exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones aprobadas por el pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidas por los poderes, órganos, dependencias, entidades o alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta días naturales”, remarcó.

La legisladora Morales Rubio mencionó que, de acuerdo con el párrafo anterior, tanto la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México no cumplen con dicho precepto, ya que en estos se establece la mitad del plazo, por lo que es necesario reformar el Artículo 20 fracción XVIII de dichos instrumentos.

“No obstante, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México establece un plazo máximo de treinta días naturales para responder los exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones aprobadas por el Pleno o Comisión Permanente del Congreso, el cual resulta evidentemente contrario a lo establecido por nuestra Constitución Local, razón suficiente para realizar la reforma correspondiente, ello es así porque, porque si bien la calidad de urgente y obvia requiere una atención pronta y expedita, también lo es que el establecer un plazo de treinta días naturales en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública, debió considerarse la reforma correspondiente a nuestra Constitución Local, lo cual no sucedió”, agregó.

La iniciativa que fue turnada a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Administración Pública Local en el Congreso local, busca dar mayor tiempo a los aludidos para implementar las acciones correspondientes y se dé legitimidad a la atribución del Poder Legislativo para exhortar o llevar a cabo solicitudes a las autoridades.

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