Ampliar la ZMVM exige certeza jurídica, rigor técnico y una gobernanza capaz de responder a los desafíos del territorio

El Colegio de Urbanistas de México (ECUM), considera que la incorporación de nuevos municipios a la Zona Metropolitana del Valle de México constituye un paso importante para reconocer la evolución territorial de una de las regiones urbanas más complejas del mundo.

ECUM reconoce el esfuerzo de coordinación institucional encabezado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), así como la disposición de los gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos para retomar la agenda metropolitana y construir acuerdos en favor de una planeación territorial con visión regional.

Este diálogo representa una oportunidad para fortalecer la gobernanza de la principal metrópoli del país y consolidar instrumentos que permitan atender de manera conjunta los desafíos compartidos.

Sin embargo, para garantizar la certeza jurídica y técnica de esta decisión, la nueva delimitación debe reflejarse en la publicación del decreto que de sustento jurídico a la Zona Metropolitana del Valle de México.

La ampliación aprobada por el Consejo de Desarrollo Metropolitano representa un acuerdo de gran relevancia institucional; no obstante, este proceso deberá culminar con la actualización del decreto citado y de los instrumentos normativos que regulan la Zona Metropolitana del Valle de México.

En particular, es fundamental mantener congruencia con el Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, actualmente en proceso de actualización.

Ello implica reconocer primero las políticas metropolitanas y, a partir de ellas, incorporar en las políticas públicas locales las dinámicas regionales que comparten los estados que integran una misma metrópoli.

Ese cambio de paradigma es el que plantea esta mesa de diálogo y trabajo, abordando temas como la relación campo-ciudad, el agua, la seguridad y la calidad del aire desde una visión metropolitana.

De no realizarse esta adecuación, podría existir una discrepancia entre la delimitación operativa aprobada por el Consejo y el marco jurídico vigente, generando incertidumbre para la planeación territorial, la coordinación intergubernamental, la programación de inversiones y la aplicación de políticas públicas metropolitanas.

La consolidación de una gobernanza metropolitana requiere que las decisiones políticas encuentren respaldo en un marco jurídico claro, actualizado y consistente. La nueva integración debe armonizarse con la delimitación técnica elaborada por INEGI, CONAPO y Sedatu.

Otro aspecto que merece atención es la congruencia entre la integración aprobada por el Consejo y la delimitación de zonas metropolitanas publicada por el INEGI, el CONAPO y la propia Sedatu en su actualización metodológica más reciente.

Dicho estudio técnico identifica un número menor de municipios dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México respecto al aprobado ahora por el Consejo. Si bien las dinámicas urbanas evolucionan constantemente y pueden justificar la incorporación de nuevos territorios, resulta indispensable que las razones técnicas, funcionales y metodológicas que sustentan esta nueva delimitación sean plenamente transparentes y queden debidamente documentadas.

La planeación metropolitana debe sustentarse en criterios objetivos, homogéneos y verificables. La congruencia entre los estudios técnicos nacionales y las decisiones institucionales fortalece la legitimidad de los instrumentos de planeación, brinda mayor certeza a los gobiernos locales y facilita la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

El Colegio de Urbanistas de México considera que la próxima consulta pública del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México representa el espacio idóneo para explicar y fortalecer estos criterios, así como para enriquecer el documento con la participación de especialistas, instituciones académicas, colegios de profesionistas, organizaciones sociales y ciudadanía.

Sólo mediante un marco jurídico actualizado, una delimitación técnicamente sólida y una gobernanza metropolitana efectiva será posible que la ampliación de la Zona Metropolitana del Valle de México se traduzca en mejores políticas públicas y en un desarrollo territorial más ordenado, sostenible y equitativo para sus casi 23 millones de habitantes.