Alcaldías informarán a congreso por medidas asentamientos irregulares

Debido a que alrededor de 250 mil personas viven en zonas de riesgo por el deslizamiento de laderas, hundimientos, inundaciones e incendios en nueve alcaldías de la Ciudad de México, las autoridades de éstas deberán informar al Congreso capitalino sobre las acciones y medidas que implementarán, previo a la entrada en vigor de los programas de ordenamiento territorial. A propuesta de los diputados Xóchitl Bravo Espinosa y Carlos Hernández Mirón, las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco tendrán que entregar al Legislativo local su informe trimestral de avance y cumplimiento de acciones, luego de que el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva remitió –el pasado 12 de julio– un diagnóstico y la estrategia de atención integral de los asentamientos humanos irregulares. En su Sesión Ordinaria de este jueves, el Pleno del Congreso capitalino aprobó un Punto de Acuerdo de ambos legisladores de Tlalpan, de urgente y obvia resolución, en el que se destaca que cientos de familias, que habitan en más de 40 mil viviendas, están expuestas a esos riesgos. “En la Ciudad de México hay 891 asentamientos humanos considerados irregulares, pues ocupan 3 mil 138.5 héctareas de suelo urbano y de conservación. Éstos se ubican en nueve Alcaldías. Cerca del 90 por ciento se concentran en Xochimilco, Tlalpan y Milpa Alta”, detalló la Vicecoordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas (APMD). Desde la tribuna de Donceles y Allende, explicó que en dicho documento se reitera el compromiso del Gobierno capitalino para atender los territorios donde se concentra la mayor marginación social. “Están incluidos los asentamientos humanos irregulares que se encuentran en el sur de la capital, donde predomina la carencia de vivienda, por supuesto en condiciones de inseguridad y falta de servicios urbanos”. Bravo Espinosa señaló que las alcaldías están obligadas a implementar de inmediato las acciones y medidas contenidas en el mencionado diagnóstico, en cumplimiento del segundo párrafo del Artículo Octavo Transitorio de la Ley del Sistema de Planeación de Desarrollo. En ese contexto, expuso que preocupados porque los vecinos de los asentamientos irregulares sean escuchados, ella y el diputado Hernández Mirón organizaron un foro sobre la consulta de los proyectos del Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento, que se llevó a cabo el pasado 12 de octubre en la Alcaldía Tlalpan. Por su parte, el legislador morenista aclaró que las políticas de ordenamiento de los asentamientos irregulares son regidas por los Programas Parciales de Desarrollo Urbano (PDU). “No existe todavía otra materia que pueda sustituir; siguen existiendo los PDU’s, en los cuales se establece que quien coordina el colegiado donde participan varias dependencias públicas, es la alcaldesa o el alcalde en turno”, subrayó. En el apartado de “Aclaración de Hechos”, Carlos Hernández Mirón dio a conocer que en las alcaldías se cuenta con un trabajo en este tema que abarca varias décadas, desde que se definieron los polígonos de actuación en las entonces delegaciones. Y son, añadió, sus áreas de ecología o medio ambiente las que tienen esta información. “Hace décadas pasaba una avioneta que tomaba fotografías áreas de cada uno de los asentamientos de toda la Ciudad de México. Hoy se elevan drones para poder medir el crecimiento o decrecimiento de los asentamientos humanos irregulares. Hoy, con medidas mucho más técnicas, se pueden revisar las zonas que generan principalmente servicios ambientales”, puntualizó. En su Punto de Acuerdo, ambos legisladores resaltan que el diagnóstico del Instituto de Planeación define como asentamiento humano irregular al establecimiento demográfico en un área físicamente localizada, en la que se integran elementos naturales y obras materiales con el objetivo de ser habitada, pero sin que el uso de suelo y la tenencia de la tierra estén regularizadas. Además, precisan, que éstos se ubican en suelo urbano y de conservación, con distintas características de habitabilidad, orígenes de formación y desarrollo. “El Artículo 16, Apartado C, Numeral 7, Inciso b, de la Constitución Política de la Ciudad de México establece que la regulación del uso de suelo considerará los asentamientos precarios que no estén ubicados en zonas de alto riesgo, preservación ecológica o en propiedad privada”, resaltan en su documento. Asimismo, Bravo Espinosa y Hernández Mirón destacan que en cada demarcación territorial existe una Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares (CEAHI), antes Comisión de Regulación Especial (CRE). Ésta, señalan, se integra por los titulares de las 16 alcaldías y las secretarías de Medio Ambiente (SEDEMA); de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), así como la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT); el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), y el Consejo Ciudad