Alcaldesa de Azcapotzalco aplica la "ley del garrote" en contra de vendedores

YOSELIN GARCIA HERNANDEZ. ………………………..

Para la ex diputada local, el discurso de la Jefa de Gobierno Clara Brugada sobre “primero los pobres, por el bien de todos. Primero el comercio popular y nuestro compromiso es garantizar que los trabajadores que están en el espacio público puedan tener condiciones y garantías, por eso hay una deuda con los comerciantes en esta ciudad” pero eso es letra muerta para Núñez Reséndiz.

En una reunión con los vendedores populares en uno de sus mítines dejó en claro que “necesitamos una gran ley que apoye al comercio popular y dignifique a los comerciantes que están en la vía pública, ustedes forman parte activa de esta ciudad vibrante”.

“Pero eso es letra muerta para Núñez Reséndiz quien junto con sus subordinados como la Directora de Gobierno, Rosa María Azucena Narváez Hernández y el Director del Espacio y la Vía Pública, César Olivares Atlacomulco se niegan a conservar la histórica Romería decembrina y de Reyes de 66 años sobre la Avenida Azcapotzalco arrojando  a sus subordinados de Vía Pública para los tradicionales entres y extorsiones para dejarnos trabajar honradamente  para llevar el sustento familiar”.

Lo anterior fue señalado por los integrantes del Comité Organizador del Partido del Comerciante Popular y Trabajador No Asalariado en la Ciudad de México (PCPTA-CDMX), María Olarte Herrera y León Enrique Espinoza.

Asimismo, dijeron los denunciantes, “Cesar Olivares Atlacomulco el día de hoy con violencia física pretendió despojar a la compañera Indígena Artesana de Lengua Hablante Náhuatl, Adela López Dominga por portar una Bandera del partido en su puesto, lo mismo le sucedió a Olarte Herrera.

“En ambos casos, dijo León Enrique elementos de vía pública de esta alcaldía se llevaron parte de su mercancía sin procedimiento administrativo alguno, no omito mencionar que llegaron policías  de la SSP a quienes se les pidió el apoyo, toda vez que quienes se dijeron inspectores de vía pública, no se acreditaron ni mostraron la Orden de Comisión firmada por su superior jerárquico para iniciar un procedimiento administrativo, de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo, sin encontrar eco en la policía que llegó al lugar.