Ajuste tarifario salvará al transporte público de insolvencia económica

Los concesionarios del transporte público de pasajeros en la Ciudad de México, integrados en Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) hicieron un llamado a la sensibilidad de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo para que les otorgue de forma urgente el tan necesario incremento a la tarifa acordado desde el año pasado y la condonación de varios derechos establecidos en el Código Fiscal de la Ciudad de México para este 2021, porque están a punto de sufrir un colapso económico y dejarían a la Capital sin su servicio.

En un documento entregado vía electrónica el pasado día 22 de enero solicitan “se revise y autorice un incremento emergente a la tarifa del transporte público concesionado que se presta en las unidades tipo Van, microbuses y autobuses”.

Así como también “se contemple un apoyo para las empresas de Metrobús, toda vez que de igual manera han visto disminuidos sus ingresos por la disminución del kilometraje programado debido a la pandemia de Covid-19, una merma en los ingresos de las empresas, que va de 25% y hasta 50% en promedio, con la obligatoriedad de mantener la plantilla de trabajadores y la carga social”.

Desde el año pasado los transportistas integrados a la FAT solicitaron un incremento progresivo a la tarifa para lograr un precio justo que al menos los equiparara a los 9:15 pesos, promedio que se cobra en las capitales de los estados del país, ya que han sido fuertemente afectados no sólo por la pandemia, sino los últimos 26 años por las políticas públicas de los diferentes gobiernos de esta ciudad capital del país.

Los transportistas representados por Nicolás Vásquez Figueroa (vocero), Francisco Carrasco Rodríguez, José Luis Tenorio Padilla, Enrique Hernández Aguilar y Pedro Chávez Hernández advirtieron que “es impostergable el ajuste tarifario, es una necesidad que puede marcar la diferencia entre que sigamos prestando el servicio de transporte, o que como gremio suframos un colapso y tengamos que dejar de prestar el servicio por falta de recursos para el mínimo mantenimiento y la carga de combustible para nuestras unidades”.

En los primeros días de diciembre del año pasado, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó un reconocimiento tácito a la necesidad de los transportistas de obtener una tarifa justa, al decir: “Este año (2020) se les dio un subsidio de 4,000 y hasta 6,000 pesos en algunos casos, al mes, para evitar el incremento a la tarifa”.

Tras el reconocimiento de que es necesario el incremento a la tarifa, agregó: “Se va a entablar pláticas con ellos por parte del secretario del Movilidad y lo que estamos buscando es que lleguen a un buen acuerdo con la Secretaría de Movilidad”, sin embargo, expresan los concesionarios, hasta el momento actual ni Andrés Lajous ni alguno otro de los funcionarios de la SEMOVI ha tocado el tema y cuando los concesionarios lo hacen, se los evade.

De hecho, ese ajuste ya estaba programado porque como parte de la negociación para que los transportistas no se manifestaran el 19 de febrero del año pasado, les ofrecieron un bono de transporte por cinco meses y atender el tema de la tarifa al finalizar el periodo pactado. Sin embargo, se vino el cierre de actividades no esenciales por la pandemia y el tema quedó en el olvido para los funcionarios del gobierno, más no para los prestadores del servicio de transporte público concesionado de pasajeros.

Los transportistas recordaron que en 1994 la tarifa tenía un costo de 2.50 pesos y ahora, 27 años después cuesta 5 pesos. Es decir, se incrementó apenas 100%, mientras el precio del combustible ese año era de 1.35 pesos y hoy fluctúa en los 20 pesos. Es decir, se incrementó alrededor de 1,381 por ciento. Otro dato importante es el de la inversión en un microbús, el cual en 1993 costaba alrededor de 90 mil pesos y hoy el costo de un autobús en las condiciones señaladas por la Secretaría de Movilidad es de 1 millón 750 mil pesos. Es decir, 1,844% el incremento.

El subsidio recibido el año pasado, dicen los transportistas, si bien sirvió para ayudarlos a seguir prestando el servicio, no resolvió el problema de la tarifa rezagada desde hace 26 años. En términos médicos, reafirman, fue un placebo que sirve “para que uno sienta que lo curan, pero nada de eso ocurre porque los 4 mil pesos para el servicio tradicional u hombre-camión y los 6 mil para corredores de transporte convertidos a empresa sirven para sólo 3 o 4 días de combustible”.

Fuerza Amplia de Transportistas, que aglutina a alrededor de 50 por ciento de los concesionarios del transporte público de la Ciudad de México, desde vagonetas, microbuses, autobuses, corredores de transporte y Metrobús, también ha solicitado a la Jefa de Gobierno autorice la condonación de a) El pago de uso y aprovechamiento de paraderos; b) El pago de derechos por la vigencia anual de la concesión o permiso y la revista; c) El pago del permiso de cajones en los paraderos; y d) El pago por la vigencia del itinerario.