Agua e infraestructura hidráulica, asuntos de seguridad nacional

Es necesario que se garantice el suministro gratuito de 300 litros diarios de este recurso vital por persona y que se establezcan tarifas diferenciadas para el consumo adicional, de acuerdo con su uso y nivel de ingreso.

La senadora Blanca Piña Gudiño presentó una iniciativa para que el agua y la infraestructura hidráulica sean consideradas como bienes nacionales y de seguridad nacional.

Para ello, busca modificar la Ley de Aguas Nacionales, a fin de cumplir con el derecho que tiene las y los mexicanos a este líquido.

La legisladora de Morena sugirió la creación del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, cuyo objetivo sea la administración del suministro de agua para usos distintos al consumo doméstico y urbano.

Además, planteó que la distribución de este recurso sea conforme a un orden de prelación, que privilegie la producción de los productos de la canasta básica y posteriormente a otro tipo de productos.

Blanca Piña comentó que la iniciativa, que fue inscrita el pasado 6 de septiembre ante la Mesa Directiva del Senado, propone crear la figura denominada “regidores de agua”, los cuales, serían representantes populares que participarían en el diseño, administración y supervisión de la gestión integral del líquido.

La senadora alertó que 80 por ciento de la población en México vive en zonas de alto y muy alto “estrés hídrico”, 31 por ciento no tiene agua disponible cuando la necesita, 57 por ciento la recibe contaminada y 55 por ciento carece de servicios de saneamiento del recurso administrado de forma segura.

Subrayó que también hay personas que no cuentan con 100 litros de agua al día, pero existen más de mil empresas que acaparan alrededor de 35 mil millones de metros cúbicos al año, lo que genera una enorme desigualdad e inequidad en la distribución.

“El acaparamiento, la privatización, la sobreexplotación y contaminación de las cuencas y acuíferos son el resultado de las políticas de los gobiernos neoliberales, no se trata de un hecho casual y accidental”, acusó.

Piña Gudiño sostuvo que esta reforma a la Ley de Aguas Nacionales prioriza el derecho humano al agua, busca acabar con el acaparamiento, democratizar la administración del recurso, impedir su explotación irracional y asegurar el mantenimiento de cuencas y acuíferos.

Además, pretende regular el suministro de agua para consumo doméstico, agrícola, comercial e industrial, y establece planes de manejo de los cuerpos de agua, con el objetivo de asegurar la sustentabilidad para las presentes y futuras generaciones.

El activista Luis Suárez consideró que esta iniciativa pone fin a la privatización del agua, en la que está involucrada la oligarquía empresarial y que afecta a la población mexicana.

Señaló que las empresas privadas de generación de electricidad concentran 23 millones de metros cúbicos de agua por año; las industrias minera y cementera acaparan 541 millones de metros cúbicos; y las fábricas de bebidas, vinos, licores y cerveza, 356 millones de metros cúbicos.