Agregar a la ley de seguridad nacional amenazas dirigidas a titular poder Ejecutivo Federal

Propone incorporar, dentro de la Ley de Seguridad Nacional, mecanismos orientados a la identificación, evaluación, seguimiento y gestión de los riesgos y amenazas dirigidos hacia la persona titular del Poder Ejecutivo Federal.

Con la finalidad de preservar la estabilidad institucional, la gobernabilidad democrática y la permanencia del Estado mexicano, la senadora Juanita Guerra presentó una iniciativa para incorporar, dentro de la Ley de Seguridad Nacional, mecanismos orientados a la identificación, evaluación, seguimiento y gestión de los riesgos y amenazas dirigidos hacia la persona titular del Poder Ejecutivo Federal.

Detalló que la seguridad nacional no solamente debe responder frente a amenazas una vez que éstas se materializan, sino que debe contemplar mecanismos preventivos que permitan identificar, evaluar y atender aquellos riesgos que puedan afectar la continuidad de las instituciones, el orden constitucional y la gobernabilidad democrática.

Señaló que más allá del ámbito estrictamente individual, cualquier circunstancia que comprometa el ejercicio de las funciones de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal como una de las figuras institucionales más relevantes para el funcionamiento del Estado mexicano, podría generar afectaciones directas en la conducción del Estado, la continuidad de las políticas públicas, la coordinación entre poderes y la gobernabilidad democrática.

Explicó que si bien la Ley de Seguridad Nacional reconoce actualmente diversas amenazas que pueden poner en riesgo la permanencia y estabilidad del Estado mexicano, como espionaje, terrorismo, sabotaje, rebelión, traición a la patria e interferencia extranjera, el ordenamiento vigente no contempla expresamente como una amenaza a la Seguridad Nacional aquellos actos dirigidos contra la vida o la integridad de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal.

Por otro lado, la legisladora recalcó que en materia de seguridad nacional, es indispensable la armonización de leyes, por lo que propuso ajustar el anterior Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional mencionado aún en la Ley de Seguridad Nacional a Centro Nacional de Inteligencia, que es su nombre actual, ya que su falta de ajuste puede generar repercusiones en la interpretación y aplicación de leyes clave.

Destacó también que una redacción legal que utilice lenguaje incluyente puede transformar la manera en que las instituciones se comunican con la ciudadanía, fomentando un sentido de pertenencia y reconocimiento en las comunidades históricamente marginadas, por lo que destacó la importancia de ajustar la Ley de Seguridad Nacional a esta nueva realidad, alineando los nombres de las instituciones a este nuevo modelo de comunicación.

Agregó que también propone modificar diversos mecanismos operacionales de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión, entre los que destaca que la presidencia de la Comisión será rotatoria y con una duración que no podrá exceder de un año y recaerá alternadamente en un senador y un diputado, además de que deberá integrarse e instalarse en el primer periodo de sesiones del primer año legislativo.

Finalmente, subrayó que tanto la incorporación de lenguaje incluyente en la legislación mexicana, como los ajustes a la conformación y rotación de la presidencia de la Comisión de Seguridad Nacional, son un paso crucial hacia una mayor representatividad y efectividad en la comunicación entre el Estado y los ciudadanos.