Adán Augusto entrega ‘plan B’ de reforma electoral en San Lázaro

Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), entregó, a Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el “plan B” de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena, la cual únicamente aborda leyes secundarias.

El objetivo es que fuera sometido a discusión y votación del Pleno de San Lázaro, el mismo 6 de diciembre de 2022, una vez que fueran desechadas las reformas constitucionales en la misma materia. La aprobación será “en los tiempos” que marquen los diputados, dijo el funcionario federal, previo al inicio de la sesión ordinaria.

Cuestionado respecto a quién redactó la propuesta de reformas, López Hernández expuso que “la iniciativa la elaboró un grupo de trabajo integrado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, así como por abogados de la SEGOB y “otro” litigante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con “trabajo multifuncional”.

Sin embargo, el funcionario federal rechazó adelantar puntos en concreto de la reforma a las leyes secundarias en materia electoral y consideró que sería “una falta de respeto” que diera a conocer su contenido, antes de que se presente ante el Pleno de la Cámara baja del Congreso de la Unión.

“Sería una falta de respeto, en este momento, si yo detallara los puntos sin que ellos los conozcan. Y los tiempos los marcan los diputados”, expuso el titular de la SEGOB, quien también aseguró que las propuestas se enmarcaban “total y absolutamente”, dentro de lo que permite la Constitución.

“Seguramente, los del bloque conservador, acudirán, en ejercicio de su derecho, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN]. pero están en su derecho”, expuso López Hernández, al adelantar que los legisladores de oposición presentarían controversias constitucionales.

A pesar de que el funcionario federal no detalló el contenido del dictamen, este contemplaba “compactar la estructura orgánica del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los OPLEs”, con un recorte de unos 3 mil millones de pesos.

“Se elimina la rama administrativa del Servicio Profesional Electoral Nacional; los Órganos Distritales pasan de carácter permanente a temporal, lo que reduce su número de 300 a aproximadamente 260 durante periodo no electoral”, indica el documento entregado inicialmente al grupo legislativo de Morena en San Lázaro.

El documento de 307 páginas enviado por el Gobierno Federal a la Cámara baja del Congreso de la Unión, “unifica el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) con el cómputo de la elección, que empezará el domingo mismo de la jornada electoral y se transmitirá en tiempo real”.

“Se obliga a los órganos electorales a cumplir el mandato del artículo 127 constitucional que ordena que las percepciones salariales de las personas Consejeras Electorales, las personas magistradas Electorales y la totalidad de servidores públicos tanto del INE como del TEPJF sean inferiores al salario del presidente de la República”, apunta el texto.

“Se fortalece la integración de los órganos centrales con los desconcentrados y los OPLEs por medio de su revisión normativa y una cadena única de mando para reducir el aparato burocrático y obligar al aprovechamiento máximo de la estructura, personal y en general de los recursos disponibles para la organización electoral”, indica el proyecto del “plan B”.

El proyecto también propone modificar el calendario del proceso electoral para compactar procesos y racionalizar los recursos disponibles para el proceso electoral. Además, indica que entre enero y abril de 2023, el Consejo General del INE identificará la normativa que se deberá adecuar conforme al decreto..

Ello para garantizar que, antes del inicio del proceso electoral 2023-2024, haya emitido la necesaria para proveer el cumplimiento de lo dispuesto en las reformas contenidas. Asimismo, materia de justicia electoral, se eliminan dos salas regionales y la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuyas atribuciones serán absorbidas por la Sección Resolutora.

“Para cubrir el pago de posibles indemnizaciones, se destinarán los recursos que integran los fideicomisos de pasivo laboral y de infraestructura inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral. Una vez ejecutada la totalidad de los pagos correspondientes, se extinguirán y liquidarán dichos fideicomisos; sus remanentes se entregarán a la Tesorería Federación”, apunta el documento.

“Para cubrir el pago de posibles indemnizaciones, se destinarán los recursos que integran los fideicomisos de pasivo laboral y de infraestructura inmobiliaria del INE. Una vez ejecutada la totalidad de los pagos correspondientes, se extinguirán y liquidarán dichos fideicomisos; sus remanentes se entregarán a la Tesorería Federación”, resalta el dictamen del “plan B”.

La iniciativa propone eliminar los fondos y fideicomisos del INE “que han sido creados al margen de la ley, mediante el depósito de recursos que debieron haber sido reintegrados al presupuesto federal”.

“El Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral reportó 235 millones y el Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral en 2022 tuvo un saldo de 40 millones de pesos”, apunta el documento.