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Actualizar Ley Filmaciones y facilitar, modernizar y abrir aún más puertas

9 abr
2 min de lectura

Diputado Ricardo Rubio Torres presentó una iniciativa para actualizar la Ley de Filmaciones y facilitar, modernizar y abrir aún más las puertas a la industria audiovisual, una de las que más inversión, empleo y proyección internacional generan para la ciudad

La propuesta plantea reformas a los artículos 11 y 14 de la Ley de Filmaciones del Distrito Federal con el objetivo de eliminar obstáculos, fortalecer la coordinación institucional y darle voz real a quienes hacen posible que la capital sea escenario de películas, series, documentales y comerciales que se ven en todo el mundo.

La urgencia de esta actualización es clara: la ley vigente fue publicada en 2009 y, aunque representó un primer esfuerzo importante, hoy necesita modernizarse para responder al crecimiento del sector audiovisual y a la realidad actual de la producción fílmica en la ciudad.

Tan solo en 2022 se filmaron 1,289 proyectos audiovisuales en la capital, generando una inversión de 256 millones de dólares, lo que confirma que la industria audiovisual no es solo cultura y entretenimiento, sino también desarrollo económico, empleos y oportunidades para miles de familias.

La iniciativa se basa en dos cambios centrales que buscan hacer más eficiente la operación del sector. El primero propone que cada alcaldía cuente con una Comisión de Filmaciones, lo que permitirá especializar la atención, agilizar trámites y facilitar la coordinación para que filmar en la ciudad sea más rápido, más ordenado y más atractivo para producciones nacionales e internacionales.

Este cambio implica descentralizar y acercar la toma de decisiones a cada territorio, reduciendo burocracia y mejorando la capacidad de respuesta institucional.

El segundo cambio amplía la representación dentro del Consejo Directivo de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México, incorporando formalmente a organizaciones de la sociedad civil y sindicatos del sector audiovisual, además de extender de dos a tres años el periodo de los representantes del sector designados por la Jefatura de Gobierno, con el fin de garantizar continuidad, estabilidad y mejores resultados en la planeación del desarrollo audiovisual.

La reforma reconoce que la industria es diversa y que su crecimiento requiere escuchar a todos los actores involucrados, desde productores hasta trabajadores organizados y sociedad civil.

La iniciativa tiene sustento constitucional y en derechos humanos, particularmente en el derecho al trabajo, el derecho a la ciudad y el derecho a un medio ambiente sano, reafirmando que el desarrollo audiovisual debe ser ordenado, sustentable y en beneficio colectivo.

Con esta propuesta se busca consolidar a la Ciudad de México como el principal hub audiovisual de América Latina, atraer más inversión, generar más empleos, fortalecer la economía local y posicionar a la capital como un destino competitivo para la industria global del cine y la televisión.

La reforma entraría en vigor al día siguiente de su publicación y representa un paso estratégico para que la ciudad siga siendo escenario de grandes historias, pero también de grandes oportunidades económicas y culturales. Con esta iniciativa, la Ciudad de México no solo quiere seguir apareciendo en las pantallas del mundo, quiere convertirse en el mejor lugar para producirlas.

 

 
 
 

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