Actualizar fortalecer leyes sobre justicia ambiental

Con el fin de que las mexicanas y los mexicanos disfruten el derecho humano a un medio ambiente sano, el senador José Ramón Enríquez Herrera propuso exhortar a los congresos de las entidades federativas a actualizar y fortalecer las leyes de justicia ambiental, observando el principio de participación ciudadana.

El legislador del Grupo Parlamentario de Morena pidió reforzar las facultades de las Procuradurías del Medio Ambiente en materia de conservación, protección, inspección y restauración del medio ambiente y recursos naturales, cuyo objetivo es garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano.

Alrededor de siete millones de personas mueren al año a nivel mundial por la exposición a la contaminación atmosférica, convirtiéndose en el riesgo ambiental más importante para la salud.

Enríquez Herrera destacó que el impacto económico de la contaminación ambiental sobre la salud, en el caso de México, se estimó en 2018 en nueve mil 989 millones de pesos, de los cuales ocho mil 225 millones corresponden a muertes prematuras, productividad y ausentismo laboral, mil 763 millones de pesos a gasto de salud.

Ante esta problemática, es importante hacer énfasis que la participación de todos los sectores de la sociedad “es fundamental para lograr verdaderos avances en materia de protección ambiental”.

Las y los ciudadanos únicamente percibirán que el acceso a la justicia ambiental es posible en la medida en que sus demandas se vean satisfechas con un cumplimiento estricto de la normatividad, con la verificación de la ley y la imposición de sanciones cuando sea el caso.

Hoy más que nunca, señaló, el Estado debe asumir de igual manera, un mayor compromiso y fortalecimiento institucional para aplicar las políticas públicas y cumplir y hacer cumplir las leyes ambientales.

El legislador planteó reforzar las facultades de las procuradurías del medio ambiente en materia de conservación, protección, inspección y restauración del medio ambiente y recursos naturales, pues es necesario reconocer formalmente el derecho al aire limpio, al agua potable, a los alimentos sanos, a un clima estable, a una biodiversidad próspera y a ecosistemas saludables.

“Solo de este modo obtendremos grandes beneficios para nuestros ciudadanos”, apuntó el senador en el punto de acuerdo que presentó ante la Comisión Permanente y que fue turnado a la Tercera Comisión de Trabajo.