Acto discriminatorio de la Marina redujo ya 30% del ingreso de seis permisionarias de taxis en el AICM

En un evidente acto discriminatorio por parte de las autoridades de la Secretaría de Marina que administran el Aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el cierre ilegal desde el lunes 24 de noviembre, de los puntos de venta de seis empresas que ofrecen el servicio de transporte autorizado de taxis, ha afectado ya con una disminución del 30% de sus ingresos y con ello también la economía de los trabajadores y de sus familias.

Ante ello, este día, representantes de las seis empresas afectadas hicieron una serie de protestas dentro de las terminales uno y dos del AICM, con el fin de exigir la presencia y atención de las autoridades de Marina, para que se acabe inmediatamente con estos hechos discriminatorios hacia las empresas que tienen menos unidades en la terminal aérea capitalina.

Lupita Espinosa, permisionaria de una de las compañías afectadas, aseguró que este tipo de actos sin previo aviso, constituyen un hecho de abierta discriminación que tiene el propósito de generar competencia desleal frente a empresas más grandes dentro del Aeropuerto de la Ciudad de México.

Estos hechos definitivamente ponen en peligro la permanencia de las compañías más pequeñas en el aeropuerto y afectan a cientos de familias, ya que de forma inmediata se arriesga el pago de sus nóminas.

Por lo anterior, añadió, los permisionarios afectados hacen un llamado urgente para que las autoridades de la Secretaría de Marina, y no otra autoridad de ninguna otra dependencia, sean quienes atiendan las inconformidades generadas no desde el lunes sino a lo largo de los últimos meses.

Es urgente, dijo, que primeramente cesen los actos discriminatorios y posteriormente se generen los medios necesarios para establecer una competencia, en condiciones de igualdad, entre las 11 compañías que ofrecen este servicio tanto en la terminal uno como en la dos.

Los permisionarios afectados afirmaron finalmente que no aceptarán la intermediación de ningún funcionario que no forme parte de la Secretaría de Marina, al tiempo que exigieron mesas de trabajo y negociación de dicha dependencia con cada una de las empresas dañadas.