Aclarar eficiente presupuesto participativo; incluye sanciones a funcionarios ejecute irregulares

La diputada Valentina Batres Guadarrama propuso crear un procedimiento especial que garantice un medio de defensa a la ciudadanía frente a hechos de la autoridad respecto al Presupuesto Participativo, con el objetivo de transparentarlo, garantizar el derecho a impugnarlo y eficientar su correcta ejecución, así como sancionar irregularidades cometidas por funcionarios encargados de ejercerlo.

Para ello será necesario reformar la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

“El Presupuesto Participativo es una de las herramientas más efectivas de la democracia participativa, un modelo de gobernanza democrática que fortalece la participación ciudadana, la transparencia y la confianza de la ciudadanía.

“No obstante su ha estado marcada por problemas estructurales que han limitado su efectividad, entre los que destacan la falta de transparencia en la selección y ejecución de proyectos; la manipulación política de los recursos asignados a ciertos sectores o grupos; el incumplimiento en la ejecución de proyectos aprobados por la ciudadanía, y la negación injustificada de la viabilidad de ciertos proyectos por parte de la autoridad”, advirtió la legisladora.

Recordó que a pesar de que la Ley de Participación Ciudadana establece mecanismos administrativos para la supervisión del Presupuesto Participativo, no existe un procedimiento especializado para que la ciudadanía pueda impugnar las decisiones de la autoridad.

“La presente reforma tiene como objetivo subsanar esta deficiencia normativa mediante la creación de un procedimiento especial dentro de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que garantice a la ciudadanía un medio de defensa expedito, eficaz y accesible ante determinaciones arbitrarias de la autoridad en la implementación del Presupuesto Participativo.

“Este nuevo procedimiento permitirá reducir los plazos de impugnación y resolución de controversias accesible para que los ciudadanos puedan cuestionar irregularidades en la asignación o ejecución de recursos; garantizar medidas cautelares efectivas para evitar la ejecución irregular de proyectos; sancionar a las autoridades que incumplan con la ejecución del Presupuesto Participativo, y ampliar el acceso a la justicia administrativa para sectores históricamente excluidos de los procesos de participación”, añadió Batres Guadarrama.

Así, una impugnación deberá resolverse en un máximo de tres meses, con lo que se dotará de mayor certeza jurídica al ejercicio democrático participativo.

Respecto a las sanciones administrativas y económicas para servidores públicos que incumplan con la ejecución del Presupuesto Participativo se creará un mecanismo de responsabilidad patrimonial que obligue a la autoridad a reparar daños ocasionados por su actuación irregular; se prevé asimismo la posibilidad de remoción o inhabilitación para funcionarios que incurran en incumplimientos graves.