Abuso y explotación sexual infantil en entornos digitales debe atenderse como tema prioritario de seguridad

El abuso y la explotación sexual infantil, que facilitan las tecnologías digitales, deben ser atendidos como un problema prioritario de seguridad, salud pública y protección integral de los derechos de la infancia, subrayaron senadoras del PT.

A través de un punto de acuerdo publicado en la Gaceta de la Comisión Permanente, los legisladores señalaron que es indispensable garantizar que el acceso a Internet se desarrolle en entornos seguros, donde las y los niños cuenten con mecanismos efectivos de prevención, acompañamiento y protección frente a los riesgos inherentes al mundo digital.

Señalaron que en nuestro país, entre 2023 y 2024, uno de cada ocho adolescentes, es decir, 1.6 millones de usuarios de Internet sufrió explotación o abuso sexual facilitados por las tecnologías digitales y de comunicación.

Pero la violencia digital no se limita a las pantallas, sino que vulnera de manera profunda la salud mental y el proyecto de vida de las y los menores, lo que provoca que niñas, niños y adolescentes víctimas presenten 15 veces más probabilidades de manifestar pensamientos y conductas suicidas, en comparación con quienes no han sufrido este tipo de violencia.

Las agresiones generan graves afectaciones psicosociales que se traducen en niveles de ansiedad significativamente elevados, depresión, trastornos del sueño, deserción o ausentismo escolar y un persistente miedo a la exposición permanente en Internet.

A pesar del daño provocado, destacaron los legisladores, existe una grave barrera del silencio e impunidad, debido a que 32 por ciento de las víctimas no habló con nadie sobre lo sucedido por motivos de vergüenza, desconocimiento sobre a quién acudir o la minimización de la conducta.

Los procesos largos, la falta de personal especializado, el temor a las represalias y la exigencia práctica de acudir acompañados de tutores que, muchas veces revictimizan o culpan a las y los niños, provoca que menos de uno por ciento de los incidentes detectados se denuncien ante las autoridades, puntualizaron.

Por ello, las senadoras Geovanna Bañuelos de la Torre, Lizeth Sánchez García, Yeidckol Polevnsky Gurwitz y Ana Karen Hernández Aceves, así como el senador Alberto Anaya Gutiérrez, propusieron exhortar a diversas autoridades para que implementen una estrategia nacional e integral para prevenir, detectar, atender y erradicar la explotación y el abuso de niñas, niños y adolescentes facilitados por las tecnologías digitales.

En el documento, turnado a la Segunda Comisión de la Permanente, se hace un llamado a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) para que fortalezca los mecanismos de prevención, educación digital, denuncia, investigación, atención psicológica, protección integral y restitución de derechos de las víctimas.

De la misma forma, los legisladores plantearon que la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Fiscalía General de la República, diseñen e implementen un programa nacional permanente de talleres, cursos y actividades de sensibilización sobre seguridad digital, prevención, identificación y denuncia de abuso y de explotación sexual de la niñez.

Además, propusieron que dicho programa debe ser dirigido a estudiantes, personal docente, madres, padres y personas cuidadoras, así como incorporar metodologías con perspectiva de infancia que contribuya a eliminar barreras del silencio asociadas a la vergüenza, el miedo o la normalización de conductas.

“Se trata de promover la denuncia oportuna, la comunicación efectiva con el entorno escolar y familiar y la detección temprana de posibles casos de abuso”, precisaron en la propuesta.