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ABOTAPRONTO POLITICO

  • Chronos
  • hace 2 horas
  • 3 Min. de lectura

GUSTAVO SANTOS ZUÑIGA. ……………………………..

LA TREMENDA CORTE HUACHICHEROKERA. La corrupción desmedida de los bandidos de la 4T no tiene límites incluyendo la narrativa mitómana orientada a propagar el cáncer de la impunidad oficializada que, recurre a manipular evidencias, denostar, amenazar, calumniar y perseguir a quienes se atreven a denunciar la falta de probidad, tráfico de influencias o protección de familiares y amigos de la realeza franciscana del cartel de Macuspana.

Con un cinismo tal declaran culpables a maquinistas, marinos, secretarias, etc., es decir, el lado más delgado de la línea de corrupción, para evadir el escrutinio social y desviar la atención de la lastimosa situación en que actualmente vivimos los mexicanos. 

Todo indica que la Tremenda Corte decidió utilizar la estrategia del huachicol fiscal para adquirir 9 camionetas Gran Cheroke equipadas a todo lujo y blindadas por tan solo unos pesos. Y, no solo compraron las nueve camionetas, sino un total de 571 vehículos nuevos en el último trimestre de 2025 con un gasto superior a los 280 millones de pesos.

Sume usted querido lector los super sueldos de las de 200 mil pesos por cada ministro, el pago de por los menos 50 asesores para cada uno, así como el uso discrecional de la partida presupuestal 1500 (Otras prestaciones sociales y económicas) que este año asciende a 2 mil 412 millones 55 mil pesos y la partida 3300 (servicios profesionales de asesores) cuanta para este ejercicio fiscal con la fabulosa cantidad de 227 millones de pesos. Es decir, que la austeridad republicana solo se transformo en una mayor corrupción a discreción por los cientos de gastos ocultos que maneja la administración cuatrotrera, de acuerdo a información publicada en el presupuesto de egresos de la federación. Debo abonar los gastos mayores de seguro médico, medicinas, gasolina, alimentos entre otros.

Me refiero al huachicol fiscal debido a que la Corte realizo una asignación directa para la compra de las unidades vehiculares y no a través de una licitación pública como lo establece la Ley.

Lo que significa que la agencia automotriz se convirtió en intermediaria y cómplice del uso indebido de esos recursos públicos. Amén del indebido tráfico de influencias que la propia administración genera al no transparentar dichas compras. Dentro de este marco normativo los procesos de entrega-recepción resultan fundamentales, ya que permiten el relevo ordenado de responsabilidades y garantizan la continuidad institucional.

Es decir, el desconocimiento de la Ley de los ministros del acordeón no les permitirá culpar al pasado porque la ley señala plazos específicos para reportar cualquier observación detectada, misma que debe hacerse del conocimiento de las autoridades competentes de forma oportuna y formal.

Así pues, confirmamos que la narrativa oficialista reitera en su falso discurso discursos que apelan a la eficiencia, la eficacia, la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, estos principios, aunque distintos entre sí, suelen quedarse en el plano retórico. En la práctica, deberían estar ya indiciados los Lopitos, familiares y amigos que se han dedicado a saquear a México.

Los mexicanos de bien necesitamos ya una muestra de legalidad, que los abusivos del poder se vayan a la cárcel, que se realicen acciones concretas, insoslayables y permanentes para transparentar la administración pública en sus tres niveles de gobierno y dejar ya la mitomanía y discursos públicos que solo abonan a la impunidad.

 

 
 
 

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