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ABOTA PRONTO POLITICO

  • hace 15 horas
  • 2 min de lectura


GUSTAVO SANTOS ZUÑIGA. …………………………..

MÉXICO; TORMENTAS FINANCIERAS. La modificación a las reglas de operación del Banco de México ha generado preocupación entre especialistas en economía y finanzas.

La medida, según la circular 9/2026, permite a BAXICO comprar valores gubernamentales en el mercado secundario, lo que podría tener implicaciones para la inflación y la autonomía de la institución.

Algunos expertos consideran existe un alto riesgo en esta medida, ya que podría contravenir los establecido en el artículo octavo de la Constitución, que prohíbe al banco central financiar al gobierno federal.

Es decir, la propuesta del memorándum viola la Crata Magna para asumir deudas desde BAXICO. Esto, de acuerdo a analistas financieros, es gravísimo para nuestro país, es pues activar una bomba de tiempo.

La propuesta sujetada con alfileres esta soportada con leyes secundarias buscando dar la vuelta a principios inamovibles y aprovechando el desconocimiento total del tema de jueces del acordeón al servicio de los intereses poco claros del ejecutivo federal y sus aliados.

Banxico ha aclarado que, para estas operaciones de compra, utilizará únicamente Cetes y Bondes F, y que el monto máximo autorizado será de $100,000 millones de pesos.

Es un dato importante y debe mencionarse con precisión. No estamos todavía ante un programa formal de compras masivas. No hay un calendario permanente ni una meta expansiva al estilo de los programas de flexibilización cuantitativa que ha utilizado la Reserva Federal en Estados Unidos.

Pero ese no es el punto de fondo. Que el monto autorizado sea limitado no elimina el problema. Que los instrumentos sean Cetes y Bondes F tampoco lo resuelve.

Que algunos analistas señalen que se trata de una medida técnica y no de un programa de estímulo monetario es relevante para entender la operación, pero no invalida la objeción central.

También se dice que estas compras podrían tener como propósito inyectar liquidez al sistema financiero, respaldar la demanda de valores gubernamentales o asegurar que la tasa de interés de mercado se sitúe cerca de la tasa de referencia del Banco de México.

Todo eso puede formar parte de la explicación técnica. Pero no contesta la pregunta verdaderamente importante. En México, la Constitución prohíbe que el banco central financie al gobierno.

Si Banxico compra deuda gubernamental con dinero creado por él mismo, aunque lo haga en el mercado secundario y no en la emisión primaria, el efecto económico-monetario puede que sea mínimo. Pero ese no es el punto.

El hecho es inconstitucional: termina el instituto central monetizando deuda pública. Y la cuenta final la paga la población mediante inflación. En virtud de las modificaciones anunciadas, estaríamos en el camino de convertir a Banxico en comprador de última instancia de deuda del gobierno federal, con lo que el banco central financiaría de manera indirecta el gasto público.

Es decir, si el mercado por alguna razón, por ejemplo, la pérdida del grado de inversión ó algún capítulo de pánico financiero, no quiere comprar la deuda gubernamental, el instituto central, podría comprarla. Mal, muy mal.

 
 
 

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