A pesar de esfuerzos por transformar la justicia CDMX, sigue no impunidad

El 98.4% de los delitos denunciados e investigados en la entidad quedó impune para el periodo de estudio (2021). Al analizar delitos específicos, el reporte muestra que el 100% de casos de narcomenudeo, 98.7% de homicidios dolosos, 97.5% de violencia familiar, 95.5% de violaciones y 92.9% de robos simples quedaron sin una respuesta efectiva por parte del sistema de justicia penal local.

El reporte Hallazgos desde lo local: CDMX, elaborado por México Evalúa, muestra que estos datos se dan en el contexto de un aumento de 12.9% en la incidencia delictiva en el año de evaluación. Los delitos con los mayores aumentos fueron extorsión (54.7%) y violencia familiar (25.5%); mientras que los que reportaron mayores disminuciones en la incidencia fueron secuestro (29.4%) y homicidio doloso (18.4%). Entretanto, la cifra negra –determinada por la proporción de delitos que no llegan a ser denunciados o investigados– fue de 92.6%.

Lo anterior contrasta fuertemente con el proceso de transformación institucional que se ha verificado en la entidad desde 2019, y que fue detonado tras una profunda reforma constitucional. La pauta para la evolución de la justicia penal, y para los esfuerzos institucionales en este sentido, ha sido marcada por el Modelo 2020, la Política Criminal y el Plan de Transición de la Fiscalía General de la CDMX. Asimismo, ha habido un esfuerzo por reducir la asimetría presupuestaria, ya que el presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas reportó un aumento de 366.27%.

Por lo demás, en el Ranking de Avance en la Consolidación del Sistema de Justicia Penal, un indicador que mide las condiciones necesarias para la adecuada operación del sistema penal en cada entidad, Ciudad de México obtuvo 466 de los 1,200 puntos del estándar ideal para 2021, ubicándose en el lugar número 18, con 121 puntos por debajo del promedio nacional.

Una de las condiciones que ayudan a garantizar el acceso a la justicia, según se estipula en Hallazgos, es la suficiencia de personal en las instituciones de justicia penal.

En este renglón se destaca que Ciudad de México cuenta con tasas por cada 100 mil habitantes mayores al promedio nacional para peritos (14.5), jueces (2), agentes del Ministerio Público (25.3) y policías de investigación (45.4).

Por su parte, el presupuesto del sector justicia fue de 33,872 millones de pesos; en este renglón es reseñable que, según datos de la Cuenta Pública de Ciudad de México, el gasto ejercido en la función de seguridad y justicia abarcó el 26.3% del gasto total, 15.7 puntos porcentuales por encima del promedio nacional. Al considerar la tasa por cada 100 mil habitantes, Ciudad de México se encuentra 476.7 millones de pesos por encima del promedio nacional.

A pesar de lo anterior, no se observa una efectiva gestión de las cargas de trabajo de los operadores, ni una mayor eficiencia en la gestión de los procesos en cada institución, lo que merma los resultados del sistema de justicia penal en su conjunto.

Lo anterior se evidencia por el hecho de que la Fiscalía General de la Ciudad de México obtuvo una tasa de resolución de 36.6%, 13.5% por debajo de la tasa nacional, y un porcentaje de congestión de 63.4%. En tanto, el Poder Judicial de la Ciudad de México tuvo una tasa de resolución de 45.7%, contra una tasa de congestión de 54.3%.

Ante este panorama tan retador, en su informe México Evalúa formula recomendaciones para elevar la calidad de la justicia. Algunas de ellas son:

Que la Fiscalía General desarrolle un esfuerzo de evaluación para medir su eficacia; así como el grado de éxito en la implementación de modelos de investigación, conforme a las prioridades establecidas en su Política y Plan de Persecución Penal.

Que el Poder Judicial fortalezca el modelo de gestión para evitar dilaciones y asegurar una justicia expedita, así como consolidar el Servicio Profesional de Carrera.

Que la Secretaría General de Gobierno realice un análisis pormenorizado que incluya la proyección de cargas de trabajo, para identificar las necesidades apremiantes de las instituciones y garantizar la asignación..