A la “lista negra” contra periodistas, medios y opositores fascismo Bien E.
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AMAURI HERNANDEZ OLIVARES. ……………………….
La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI, diputada Tania Larios, presentó una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para condenar la elaboración, sistematización y difusión de una “lista negra” atribuida a la titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján.
En dicho señalamiento se incluyó a opositores políticos, periodistas, medios de comunicación, ciudadanos y activistas críticos del gobierno, lo que, a juicio de la bancada priista, representa un acto de estigmatización incompatible con una vida democrática plural.
Durante la emisión de “Derecho de Réplica” del 12 de agosto, se mostraron nombres, fotografías y cuentas de comunicadores, medios y actores políticos, a quienes se señaló como parte de un supuesto “ecosistema de amplificación digital” contrario al gobierno federal.
Para el PRI, la exposición pública de estas personas no puede considerarse un ejercicio neutral de información, sino una forma de presión política que busca inhibir la crítica y descalificar a quienes expresan opiniones distintas.
De acuerdo con lo expuesto, el análisis habría comprendido siete meses de seguimiento, a partir de 98 “cuentas semilla”, y clasificó la información en distintas capas de medios, analistas y personajes políticos.
La bancada priista advirtió que este tipo de monitoreo, cuando se utiliza desde espacios vinculados al poder público, genera preocupación por posibles prácticas de vigilancia, persecución o uso faccioso de recursos institucionales.
El PRI advirtió que identificar, etiquetar y exhibir públicamente a quienes cuestionan al poder puede derivar en persecución, amenazas, vigilancia, censura y hostigamiento. Además, señaló que estas prácticas deterioran el debate público, debilitan la confianza ciudadana en las instituciones y envían un mensaje intimidatorio a periodistas, medios, organizaciones civiles y ciudadanos que ejercen su derecho a opinar, investigar o disentir.
El punto de acuerdo sostiene que la elaboración y difusión de listas contra opositores, periodistas, medios, ciudadanos y activistas constituye una práctica autoritaria, contraria a los derechos, las libertades y los principios democráticos consagrados en la Constitución.
Por ello, la propuesta llama a las autoridades federales a abstenerse de promover señalamientos públicos que puedan poner en riesgo la integridad de las personas o vulnerar la libertad de expresión.
La crítica no es un delito, el periodismo no convierte a nadie en enemigo y disentir de Morena no autoriza al gobierno a perseguir, amenazar, identificar, vigilar ni censurar.
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