A la democracia prohibir que presidente haga propaganda política en las “mañaneras”

La intervención de funcionarios federales en las elecciones es una ilegalidad electoral y un acto antidemocrático y el exceso de la libertad de expresión por quien ostenta el gobierno es abuso de poder

La senadora panista Mayuli Martínez Simón, celebró la aprobación por parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que ordena al presidente Andrés Manuel López Obrador, a gobernadores y funcionarios, abstenerse en sus actos públicos de opinar sobre el proceso electoral 2021.

“La resolución de los consejeros del Instituto Nacional Electoral es un paso ganado para los y las mexicanos, pues lo único que se pidió es igualdad para todos los partidos, ya que el mandatario hace uso indebido de recursos públicos a fin de crear propaganda personalizada a favor de su partido”, expresó Mayuli Martínez.

Con 9 votos a favor y 2 en contra, se determinó que el primer mandatario no podrá hablar en sus conferencias “mañaneras”, giras o eventos gubernamentales, sobre el financiamiento público a los partidos, vida interna de éstos, tanto a nivel nacional como local, ni sobre candidaturas partidistas o de independientes. La legisladora panista mencionó que el INE tuvo que llegar a esa resolución, ya que desde que inició la administración de López Obrador, cada mañana ha hecho proselitismo a favor de su partido, mintiéndole al pueblo de México y lo único que se pidió al organismo es que se ponga un límite a su propaganda política.

"No se está negando el derecho a la libertad de expresión, solo estamos frente a la posibilidad que, de una vez por todas, se ponga un límite a la conducta insistente que viene realizando el Presidente en el tema del uso indebido de recursos públicos a fin de crear propaganda personalizada a favor de él y su partido", indicó la senadora del PAN.

La legisladora quintanarroense recordó que anteriormente ya se han aplicado sanciones y medidas cautelares a funcionarios que violaron la legislación electoral, ya que el artículo 134 de la Constitución impone la obligación de imparcialidad con la que deben actuar los mandatarios, con el fin de impedir que éstos se aprovechen de los recursos públicos para influir en la equidad de la contienda.

“Quiero recordar que, tanto en el sexenio de Felipe Calderón como de Enrique Peña Nieto, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aplicó sanciones y medidas cautelares por emitir su opinión respecto a los contendientes de las elecciones, con mayor razón se debe hacer a quien lo hace todas las mañanas”, concluyó.