A BOTAPRONTO POLÍTICO

GUSTAVO SANTOS ZÚÑIGA. ……………………………………….

Erosión de la democracia y la libre expresión. Libre expresión El deterioro gradual al que el gobierno de la 4t ha llevado a las instituciones públicas y las prácticas antidemocráticas, manifiestas en la concentración del poder, debilitamiento del estado de derecho y restricciones a las libertades de expresión y civiles, muestran la erosión de la democracia que vivimos en México en los últimos años y, las verdaderas intenciones de la “administración” morenista, donde los mecanismos de control, centralización del poder, debilitamiento contrapesos institucionales y la autonomía de otros poderes, son la estrategia para liquidar la democracia a en México.

Las detenciones, arteros ataques, amenazas y restricciones a la libertad de expresión, a los medios de comunicación, a sus representantes y a la sociedad en general, por utilizar las diversas plataformas de internet para denunciar y evidenciar la falta de transparencia y tropelías en el ejercicio del poder público de politiqueros, son evidentemente medidas que limitan derechos y libertades. Debo hacer énfasis en las obligaciones del Estado en materia de prevención, protección e investigación de las agresiones verbales y de propuestas de “Ley” que pretenden hacer “servidores públicos” con poder y en contra de ciudadanos de bien o comunicadores que, solo usan las redes para manifestar su desacuerdo y evidencia, con pruebas, la mala actuación, impunidad y corrupción que practican los narcos políticos cuatrotreros.

Así pues, el gobierno de la “esperanza” que obtuvo el poder a través del populismo, la mitomanía destructiva y el conflicto social, escala la polarización política con amenazas públicas a la libertad ciudadana al tratar de vulnerar los derechos humanos a la libre expresión y al acceso a la información.

Es preocupante la situación por la cual atraviesa el país y, ante los ataques a la libertad de expresión manifestados en los tres niveles de gobierno, vemos con temor que el carácter democrático no sea entendido y atendido por las instituciones garantes de hacer cumplir la Constitución y las Leyes que de ella emanan.